Imputaron a Diego Landriscina por corrupción, y ya no hay relato armado, operación mediática ni aparato político que alcance para esconder el saqueo que sufrió Sáenz Peña durante años.
La imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos confirma lo que muchos saenzpeñenses denunciaban desde hace tiempo: mientras la ciudad se caía a pedazos, un grupo de funcionarios hacía negocios con la plata de todos.
Mientras miles de familias sufrían para pagar la luz, comprar medicamentos, llenar la heladera o simplemente llegar a fin de mes, ellos jugaban con más de 1.800 millones de pesos pertenecientes al pueblo de Sáenz Peña. Y no solo eso: además cobraban comisiones millonarias como premio por poner en riesgo los recursos públicos.
Es imposible separar este escándalo de los más de 20 años de poder de la familia Cipolini. Durante dos décadas construyeron una verdadera monarquía política donde unos pocos se enriquecían y el resto de los vecinos veía cómo la ciudad quedaba abandonada, sin obras, sin planificación y sin respuestas.
Se acostumbraron a manejar el municipio como si fuera una empresa familiar. Se creyeron intocables. Pensaron que nunca iban a rendir cuentas porque tenían poder político, protección y silencio cómplice.
Pero las máscaras empiezan a caer.
Hoy la Justicia avanza sobre Diego Landriscina, pero los saenzpeñenses saben perfectamente que esto no termina acá. Bruno Cipolini no puede seguir escondiéndose detrás de comunicados vacíos, operadores políticos o discursos armados. Tiene que dar explicaciones ante la Justicia y ante toda la comunidad.
Porque acá no estamos hablando de errores administrativos ni de simples irregularidades. Estamos hablando de funcionarios que habrían utilizado la plata del pueblo para especular financieramente mientras la ciudad atravesaba necesidades urgentes. Estamos hablando de una estructura política que convirtió el Estado municipal en una herramienta para beneficiar a unos pocos amigos del poder.
Durante años intentaron instalar que eran los dueños de Sáenz Peña, que podían hacer y deshacer sin consecuencias. Mientras tanto, los barrios seguían olvidados, las calles destruidas, los servicios colapsados y los vecinos cada vez más golpeados por la crisis.
La indignación del pueblo es legítima. Porque cada peso que se perdió en estas maniobras es plata que faltó para salud, obras, seguridad, iluminación, asistencia social y oportunidades para miles de saenzpeñenses.
Y que nadie se confunda: esto recién empieza.
No vamos a parar hasta que todos los responsables políticos y económicos estén imputados, hasta que la causa llegue a juicio y hasta que se conozca toda la verdad sobre el destino de los más de 1.800 millones de pesos que pusieron en juego.
Sáenz Peña no necesita más impunidad, más privilegios ni más apellidos eternizados en el poder.
La plata del pueblo no se toca. Y los que jugaron con ella tienen que pagar ante la Justicia y ante la sociedad.
