La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina cuestionó la suspensión preventiva del juez Rodolfo Lineras y advirtió que el Jurado de Enjuiciamiento del Chaco utiliza mecanismos disciplinarios para castigar decisiones jurisdiccionales. Sostuvo que la medida compromete la independencia judicial y genera un grave precedente institucional.
La decisión del Jurado de Enjuiciamiento del Chaco de admitir una acusación y suspender preventivamente al juez Rodolfo Lineras sigue generando repercusiones a nivel nacional. Esta vez fue la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina la que emitió un duro comunicado en el que advierte sobre un grave riesgo institucional y cuestiona que se utilicen mecanismos disciplinarios para sancionar decisiones jurisdiccionales.
La entidad expresó su “profunda preocupación” por la Resolución Nº 394, dictada el 18 de junio por el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento chaqueño, mediante la cual se avanzó con la acusación y suspensión preventiva del magistrado de la Cámara Primera en lo Criminal de la II Circunscripción Judicial.
Para la Red, el aspecto más alarmante del caso es que el proceso disciplinario tendría origen en discrepancias respecto de una sentencia dictada por Lineras en el marco de una acción de hábeas corpus preventivo, una herramienta constitucional destinada a la protección de la libertad personal y al control judicial de los actos estatales.
“Un serio retroceso institucional”
El comunicado sostiene que resulta “particularmente preocupante” que el ejercicio de la función jurisdiccional pueda derivar en sanciones disciplinarias cuando lo que está en discusión es, esencialmente, el contenido de una resolución judicial.
En ese sentido, advierte que castigar a un magistrado por el criterio jurídico adoptado implica un “serio retroceso en materia de garantías constitucionales” y desnaturaliza los mecanismos de control previstos por el ordenamiento jurídico.
La organización recuerda que las decisiones judiciales cuentan con vías específicas de revisión, como los recursos procesales correspondientes, y cuestiona que se pretenda transformar un desacuerdo con una sentencia en una causal de enjuiciamiento.
“La utilización de mecanismos disciplinarios como una instancia paralela para cuestionar decisiones judiciales compromete seriamente la independencia judicial”, señala el documento.
Cuestionamientos a la suspensión preventiva
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento está dirigido a la suspensión preventiva dispuesta contra Lineras.
La Red de Juezas y Jueces Penales sostiene que una medida de esa magnitud exige fundamentos particularmente sólidos, sustentados en elementos objetivos y verificables, algo que —según afirma— no surge de manera evidente en el caso.
“El estándar agravado que requieren los principios nacionales e internacionales para avanzar contra un magistrado por el contenido de sus decisiones no aparece acreditado prima facie”, remarcan.
Además, recuerdan que los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura establecen que los jueces deben poder ejercer sus funciones libres de presiones e interferencias externas.
Una advertencia al sistema judicial
La entidad también alerta sobre las consecuencias institucionales que puede generar una decisión de estas características.
Según advierte, la suspensión de un juez por el contenido de una resolución judicial proyecta una señal preocupante hacia el resto de la magistratura y puede producir un efecto disuasorio sobre quienes deben controlar la legalidad de los actos estatales y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales.
“La independencia judicial no constituye un privilegio de los jueces, sino una garantía de la ciudadanía”, subraya el comunicado.
En esa línea, la Red concluye que la independencia del Poder Judicial se ve afectada cuando la interpretación del derecho se convierte en motivo de persecución o sanción disciplinaria.
El pronunciamiento agrega presión sobre el Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, cuya actuación ya había generado cuestionamientos en distintos ámbitos jurídicos. La crítica central apunta a que el organismo estaría utilizando una herramienta excepcional, concebida para sancionar conductas graves e incompatibles con la función judicial, para revisar indirectamente una decisión jurisdiccional que podría ser discutida por las vías procesales ordinarias.
De consolidarse ese criterio, advierten los magistrados, se abriría un precedente capaz de debilitar uno de los pilares esenciales del sistema republicano: la independencia de quienes tienen la responsabilidad de juzgar.
