El fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el caso $LIBRA representa un giro que debilita la acusación y favorece a los imputados. Al apartar a las querellas, el magistrado dejó a la causa sin la participación de los presuntos damnificados que habían impulsado medidas clave, como el embargo preventivo sobre los bienes del creador del activo y sus intermediarios.
La decisión se originó en un planteo del lobista Mauricio Novelli, figura central de la trama, quien sostuvo que las pérdidas de los inversores no eran producto de una estafa sino de la volatilidad propia del mercado cripto. El juez aceptó ese argumento y afirmó que las pérdidas económicas no constituyen, por sí solas, el perjuicio directo exigido por la ley. Además, puso en duda que los querellantes fueran efectivamente titulares de las billeteras virtuales utilizadas para comprar la moneda.
El fallo contradice lo resuelto previamente por la Cámara Federal, que había admitido a los querellantes como acusadores privados. Ahora, la resolución será apelada y la Cámara deberá definir si los damnificados continúan en el proceso. Mientras tanto, la causa queda reducida a la fiscalía, el juez y los imputados, con la participación limitada de organizaciones como Cipce e Inecip en calidad de “amigos del tribunal”.
La crítica es que Martínez de Giorgi no solo apartó a las querellas, sino que avanzó sobre el fondo del caso al insinuar que no hubo estafa, lo que podría anticipar un desenlace favorable para los acusados. El contexto político refuerza las sospechas: el Gobierno mantiene vínculos con el juez, cuya esposa fue nombrada recientemente como magistrada en Hurlingham, gesto leído como un guiño oficialista.
El caso $LIBRA, presentado por el propio presidente Javier Milei como un proyecto para incentivar la economía argentina, terminó siendo catalogado por el juez como una “memecoin”, es decir, una moneda digital sin respaldo real y altamente volátil. La resolución abre la puerta a que el expediente se diluya en tecnicismos procesales, dejando a los inversores sin representación y debilitando la hipótesis de fraude.
Este episodio refleja cómo un recoveco legal puede alterar el rumbo de una causa de alto impacto político y económico, y plantea interrogantes sobre la independencia judicial frente a los intereses del oficialismo
