El jefe de Gabinete recibirá el lunes al mandatario de San Luis en busca de nuevos acuerdos. En el oficialismo creen que la reforma “sale sí o sí” y preparan una campaña 2027 centrada en resultados económicos, seguridad y el paquete de reformas.
El Gobierno aumenta su optimismo por los votos de la reforma electoral y prepara una nueva ronda de Diego Santilli con gobernadores para acelerar acuerdos políticos y tratativas de cara a 2027. El jefe de Gabinete recibirá el lunes en la Casa Rosada al puntano Claudio Poggi, uno de los mandatarios con los que La Libertad Avanza cerró un entendimiento en 2025 y que ahora busca replicar para la próxima elección presidencial.
El Ejecutivo toma el caso de San Luis como un antecedente de negociación posible: Poggi cedió el plano nacional y conservó el armado local. En Nación creen que ese formato puede servir como referencia para otros distritos donde el oficialismo necesita votos para eliminar o suspender las PASO, pero no quiere resignar el control de la boleta presidencial de Javier Milei.
La Casa Rosada sostiene que Santilli también activará reuniones con otros gobernadores a los que todavía no recibió desde que asumió como jefe de Gabinete, más allá de la foto compartida en Tucumán durante los actos del 9 de Julio. El objetivo es ordenar acuerdos por reformas, votos legislativos y eventuales entendimientos electorales antes de que la agenda quede absorbida por el Presupuesto 2027.
En Balcarce 50 buscan mostrar una señal de avance pese a los cuestionamientos de aliados y opositores al esquema de colectoras o adhesiones. En varios despachos oficiales creen que la reforma electoral “sale sí o sí” y ya trabajan sobre los preparativos de campaña para después de esa votación. La prioridad es llegar a agosto con acuerdos encaminados y fijar como deadline la primera mitad de septiembre para votar en Diputados.
En la mesa política del oficialismo quieren evitar que la discusión electoral choque con el tratamiento del Presupuesto 2027, que será enviado antes del 15 de septiembre.
Ese proyecto incluirá cambios sobre las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, además de la reforma presupuestaria inspirada en el shutdown estadounidense y modificaciones a la Ley de Administración Financiera.
El Gobierno también mira el Senado. En Nación aseguran que tienen los votos para impulsar el paquete de propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos que se votará el jueves. En ese marco, no descartan que la mesa política se traslade al Congreso para seguir de cerca la negociación legislativa y ordenar a los bloques aliados.
El Ejecutivo diseña en paralelo la hoja de ruta de la campaña, con visitas a provincias, ejes discursivos y una narrativa apoyada en reformas. El oficialismo quiere hacer campaña con las leyes ya sancionadas -como la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la Ley Bases y los cambios sobre Glaciares- y con las iniciativas que todavía enviará al Congreso.
La Casa Rosada incluirá en ese segundo grupo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el nuevo Código Penal, el paquete de desregulación y la reforma de seguridad. La intención es presentar esa agenda como una continuidad de gestión y no como promesas aisladas de campaña.
En el Ejecutivo buscan combinar ese mensaje con resultados macroeconómicos. En la mesa chica quieren que la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización financiera sean el centro de la oferta electoral, junto con indicadores de inseguridad que permitan contrastar la gestión nacional con la oposición.
El entorno del jefe de Estado planea volver a polarizar con “el modelo” del kirchnerismo y ubicar a Axel Kicillof como figura de choque.
En el oficialismo creen que el gobernador bonaerense puede funcionar como el principal contraste político para ordenar la campaña en la provincia de Buenos Aires y nacionalizar la discusión contra el peronismo.
En el Gobierno reconocen que Milei se moderará mientras sigan las negociaciones por la reforma electoral. En su entorno explican que el tono más dialoguista forma parte de un proceso para mostrar apertura con gobernadores y sectores moderados, pero aclaran que “no tiene nada que ver con el cierre de listas”.
El Ejecutivo insiste en que La Libertad Avanza planea competir con candidatos propios en varias provincias y que los acuerdos se definirán “distrito por distrito”. La idea es distinguir entre gobernabilidad y armado electoral: se puede negociar apoyo legislativo con mandatarios provinciales sin entregarles automáticamente el control de las candidaturas locales.
La Casa Rosada sabe que el frente más sensible sigue siendo el Senado, donde distintos bloques aliados resisten la eliminación de las PASO y miran con reparos las colectoras. Aun así, en Nación creen que el incentivo electoral, los acuerdos provinciales y la necesidad de ordenar el calendario antes del Presupuesto pueden terminar inclinando la negociación.
En Balcarec 50 también buscarán apoyarse en los antecedentes de 2025 para ordenar los nuevos acuerdos territoriales. La lectura oficial es que los entendimientos más viables serán aquellos en los que los gobernadores conserven margen local y el mileísmo preserve el armado nacional, sin repetir un esquema único para todas las provincias.
Milei quiere llegar a septiembre con una secuencia política cerrada: reforma electoral encaminada, acuerdos con gobernadores, paquete legislativo en marcha y campaña en preparación. El cálculo oficial es que, si Santilli logra convertir la foto de Tucumán en votos concretos, Milei podrá entrar en la etapa electoral con reglas más favorables y una agenda centrada en reformas, economía y seguridad.
