La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado comunicó las modificaciones de la iniciativa que impulsa el Gobierno. “Por primera vez vamos a definir qué son las expropiaciones, tenemos muchos casos de varias mal hechas”, agregó.
En la previa a una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, informó las modificaciones de última hora aplicadas a la llamada “Ley de Tierras”.
“Pusimos un límite de 25% a la compra de tierras para extranjeros”, informó la jefa de la bancada oficialista. “Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra, punto”, remarcó Bullrich.
“Acá no nos van a correr a nosotros con la soberanía. Sabemos muy bien lo que es, por eso cuidamos a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de proteger las fronteras”, señaló la exministra de Seguridad.
“Esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques”, enfatizó Bullrich. “Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia”, afirmó.
En su discurso, la titular del bloque libertario en el Senado le agradeció al PRO, la UCR y partidos provinciales aliados. “Es un acuerdo muy bueno para el país”, finalizó.
En tanto, en la conferencia se informó que la compra de tierras por parte de extranjeros particulares deberá quedar registrada en los registros provinciales. Se trata del artículo 25 del proyecto, que además propone que “toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”.
“Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara. Hemos llegado a un dictamen común”, afirmó la jefa de la bancada de La Libertad Avanza. “Es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos”, afirmó.
“Las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”, resaltó Bullrich.
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones previsto en la Ley 21.499. En ese punto, el Gobierno propone incorporar nuevos criterios para delimitar cuándo un bien puede ser declarado de utilidad pública y, por lo tanto, sujeto a una expropiación.
En la actualidad, la legislación habilita la expropiación de aquellos bienes que resulten convenientes o necesarios para satisfacer un fin de utilidad pública, sin importar su naturaleza jurídica ni si pertenecen al dominio público o privado.
La iniciativa conserva ese principio general, pero agrega que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse con un criterio restrictivo y precisar de manera expresa cuál es el objetivo concreto que justifica la medida.
A su vez, el dictamen que obtuvo respaldo en comisión establece que la expropiación solo podrá avanzar cuando resulte un medio idóneo, necesario y proporcional para alcanzar el fin de interés público invocado.
