El juez de garantías de Rosario Eduardo Rodrigues Cruz dispuso esta tarde la prisión preventiva de su colega Marcelo Bailaque, quien fue imputado hoy de manera formal por tres causas graves que lo tienen como protagonista. Además le prohibió la salida del país y ordenó embargos de sus bienes y de sus cuentas bancarias, tal como habían reclamado los fiscales que intervienen en la investigación.
La prisión preventiva recién se podría aplicar cuando pierda sus fueros como magistrado.
Bailaque está acusado del armado de una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. En ese expediente se arrepintió el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna.
La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.
Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando una coima de 160 mil dólares. También contó que la extorsión se acordó en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también estuvo el empresario Fernando Whpei, íntimo amigo del magistrado.
“No hubo ninguna asociación para hacer la maniobra extorsiva que se dice. No recuerdo que haya estado esa noche Fernando Whpei, sí estuvo un periodista”, dijo Bailaque en la audiencia.
La segunda causa contra Bailaque está vinculada a presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau.
Al momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.
En su defensa, Bailaque argumentó que las intervenciones telefónicas a la ex mujer de Alvarado que pedían los fiscales eran “infundadas” y que la causa igualmente terminó en un juicio oral. Sobre el contador Mizzau, en la audiencia de hoy admitió que son amigos pero aseguró que están distanciados por otro motivo.
La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es el financista Fernando Whpei, su amigo.
El juez se defendió hoy argumentando que no designó al interventor sino que le renovó su designación. “Fue el interventor el que solicitó el desbloqueo de los fondos. Tampoco fue una orden direccionada para que le den los fondos a una entidad vinculada a Fernando Whpei”, apuntó.
Por todos estos casos, los fiscales pidieron hoy la prisión preventiva de Bailaque. “Existe un peligro de fuga, tiene los medios económicos para fugarse”, sostuvo Diego Velasco, titular de la PROCELAC en la audiencia. También habló de intentos de “entorpecer la causa” a través de intimidaciones a testigos, algunos que trabajan en el juzgado, y del borrado del teléfono.
Bailaque todavía sigue en funciones por lo que tiene inmunidad de arresto. Por ese motivo, entre los pedidos al juez, Velasco agregó que se le prohíba la salida del país y que se le retenga el pasaporte mientras dure la investigación.
La defensa de Bailaque cuestionó el pedido de preventiva. “No se puede decidir sobre ese pedido hasta que no se produzca el desafuero. En ese momento las condiciones no van a ser las mismas”, se quejó uno de sus abogados.
El Consejo de la Magistratura avanza hacia un Jury
Luego de varios meses de inactividad, ayer sesionó la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde se aprobaron las medidas de prueba solicitadas por el consejero Álvaro González, hace más de un mes, en la investigación contra Bailaque.
González, que actúa como consejero instructor, solicitó la remisión de los tres expedientes donde hoy fue imputado, pero aclaró que el Consejo juzga un posible mal desempeño. “En los próximos 40 o 50 días vamos a tener novedades importantes en estos expedientes”, coincidió el senador Luis Juez, que ahora preside esa comisión.
