Busca recuperar una bandera histórica del peronismo cordobés y disputarle a Milei el discurso contra la presión impositiva.
Con una batería de rebajas tributarias que tendrá como principal anuncio una reducción del 30% del Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades, Martín Llaryora busca con el Presupuesto 2027 recuperar para el peronismo cordobés una bandera que los libertarios instalaron como propia y que amenaza con erosionar una de las bases históricas de sustentación electoral del PJ provincial: la reducción de impuestos, promesa que llevó a José Manuel de la Sota a ganar la elección de 1998.
La jugada tiene ese plus: la apelación a la memoria emotiva a De la Sota, en el momento de máxima tensión entre Natalia y el Gobierno provincial. Llaryora busca recuperar ese legado, pero en un contexto político diferente: con Milei en la Casa Rosada, un discurso que tiene en la presión impositiva uno de sus principales enemigos y una disputa abierta por quién representa mejor los intereses de los contribuyentes. De hecho, Gabriel Bornoroni lanzó su primera promesa de campaña: la eliminación del inmobiliario urbano.
El anuncio del Presupuesto 2027 fue, en ese sentido, bastante más que una presentación de números. El gobernador pretende demostrar que el peronismo cordobés también puede hablar el lenguaje del alivio fiscal, sin abandonar el equilibrio de las cuentas públicas ni la inversión social. Es una manera de discutirle a los libertarios en su propio terreno y, al mismo tiempo, recuperar una tradición política que el PJ provincial considera parte de su patrimonio.
En el Centro Cívico, Llaryora presentó un paquete que combina una fuerte reducción del Inmobiliario Urbano con una baja de la alícuota general de Ingresos Brutos, incentivos para el comercio y beneficios para el transporte. “Esta es una de las rebajas de impuestos más grandes que van a encontrar en Argentina en este momento”, aseguró, acompañado por el ministro de Economía, Guillermo Acosta; el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y la vicegobernadora, Myrian Prunotto.
La principal medida alcanzará a la totalidad de los inmuebles urbanos de Córdoba. El 97% tendrá una reducción del 30%, mientras que el 3% restante accederá a una rebaja del 5%. El criterio de diferenciación estará determinado por la valuación fiscal: las propiedades de hasta $307 millones recibirán el descuento mayor y las que superen ese valor tendrán el beneficio menor.
La Provincia anunció que tampoco aplicará un nuevo revalúo inmobiliario, por lo que se mantendrán las bases imponibles de 2026. De esta manera, el Ejecutivo asegura que todos los propietarios pagarán nominalmente menos que este año. El costo fiscal de las medidas vinculadas al Inmobiliario Urbano asciende a $156.162 millones: $74.877 millones por los nuevos descuentos y otros $81.285 millones por el revalúo que no se aplicaría.
El esquema conservará las exenciones para jubilados, viviendas sociales, personas con discapacidad y entidades sin fines de lucro. Son 276.324 los inmuebles que están alcanzados por algún tipo de exención. También continuarán los beneficios del programa Ciudadano Cumplidor, que contempla una bonificación del 30% y alcanza al 62% de los contribuyentes, y el descuento del 15% por pago en cuota única. Resta precisar cómo se combinarán estos beneficios con la nueva reducción general. Ahí pone la lupa la oposición y su discurso más simple: eliminar el inmobiliario.
El segundo capítulo de la estrategia apunta directamente a comerciantes y prestadores de servicios. La alícuota general de Ingresos Brutos bajará del 4,75% al 3,50%, una reducción del 26,3% en términos relativos. La tasa efectiva promedio quedará en el 2,57%.
Además, el Gobierno ampliará el universo de contribuyentes que acceden a la alícuota reducida del 2,5%. De los actuales 70 mil beneficiarios se pasará a 110 mil, sobre un padrón de 189.323 contribuyentes. Así, el 57% de quienes tributan Ingresos Brutos quedará comprendido en ese régimen.
Llaryora también anunció una nueva Ley de Promoción del Comercio, que permitirá extender el mecanismo de Impuestos por Inversión a los establecimientos comerciales. La herramienta posibilitará recuperar parte de las obligaciones tributarias a partir de las inversiones realizadas, con el objetivo de estimular aperturas, ampliaciones y nuevos proyectos. Habrá condiciones preferenciales para emprendimientos del noroeste y el sur provincial.
El paquete incluye una reducción del 50% del Impuesto Automotor para vehículos afectados al transporte de pasajeros y servicios de movilidad asistida, además de una exención del 100% para motos destinadas al reparto: el voto Rappi se identifica con los libertarios. También se mantendrían las exenciones de Ingresos Brutos para el agro, la industria y la economía del conocimiento, junto con los regímenes de promoción productiva.
La apuesta tiene lugar en un escenario económico adverso. Según el diagnóstico del Ejecutivo, Córdoba sufrió el cierre de más de 3.000 establecimientos comerciales y la pérdida de más de 35 mil puestos de trabajo. A eso se suman más de diez meses consecutivos de caída de la recaudación, una situación que condiciona la capacidad de maniobra de la administración provincial.
Por eso, la contracara de la reducción tributaria será una política de contención del gasto. El Presupuesto 2027 proyecta ingresos por $18,7 billones y gastos por $18,7 billones, con un resultado financiero positivo de apenas $10.118 millones, equivalente al 0,1% de los ingresos totales. El ahorro corriente, en cambio, alcanzará los $1,58 billones.
Llaryora anunció también un recorte del 40% en publicidad oficial y una política restrictiva para iniciar nuevas obras públicas. La prioridad será terminar las grandes obras en ejecución -vitales para el votante de Córdoba- y concentrar los recursos en salud, educación, seguridad y programas sociales. La inversión social llegará a $6,27 billones, el 34% del gasto total, tres puntos porcentuales más que en 2026.
El gobernador intenta así construir una síntesis política en el inicio del año electoral: bajar impuestos, preservar el “equilibrio fiscal” aunque sea por unos pesos y sostener la inversión social. En modo campaña, Llaryora no quiere dejarle a Milei y a Bornoroni el monopolio del discurso contra los impuestos.




