Franco Rubén Giménez es el principal acusado por el crimen de María Claudia Sack, la jubilada de 65 años que fue asesinada, descuartizada y cuyos huesos fueron quemados en el patio de su propia casa. Los antecedentes penales del hombre de 30 años lo complican.
El macabro crimen se remonta al 1° de mayo, cuando la sobrina de Sack fue hasta su casa, ubicada en el partido bonaerense de Pilar, porque su tía no le respondía los mensajes hacía dos días.
La mujer llegó a la casa ubicada sobre la calle El Jilguero 1100 y se encontró con Giménez. “¿Dónde está mi tía?“, le preguntó, y su respuesta fue: ”Se fue a Córdoba”.
Las sospechas crecieron cuando, visiblemente nervioso, Giménez comenzó a correr cuando la sobrina de Sack llamó al celular de su tía e identificó que el teléfono estaba en uno de sus bolsillos.
La sobrina de la víctima llamó rápidamente a la policía, quien requisó la casa y encontró una bolsa de huesos quemados colocados adentro de un tacho de basura.
La fiscal María José Basiglio, de la UFI de Violencia de Género de Pilar, inició una causa por femicidio y dispuso tareas investigativas a la Sub DDI local.
Giménez fue detenido por efectivos policiales en la terminal de trenes de San Martín, cuando intentaba fugarse hacia Retiro.
Tras su detención, la policía avanzó con la investigación de su perfil y descubrió que tenía una gran cantidad de antecedentes penales.
Los antecedentes del hombre acusado de descuartizar a su pareja y quemar sus huesos
Giménez tiene domicilio registrado en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y un historial de antecedentes vinculados a la violencia.
La primera de las causas remite al 16 de junio de 2023 y está caratulada como resistencia a la autoridad por haber agredido a trabajadores sanitarios.
Un año y medio después, el 23 de diciembre de 2024, fue denunciado por violencia de género tras atacar a su expareja.
Y finalmente, el 6 de febrero de este mismo año, se le abrió una causa por amenazas contra una de sus sobrinas.
Según surge de la investigación, el acusado no tendría un empleo formal y solo percibiría una pensión por epilepsia.
La Justicia no descarta que el móvil del crimen haya sido económico. Es decir, con el fin de apropiarse de la vivienda de la víctima tras su desaparición.
También se investiga si contaba con apoyo para una posible fuga internacional, ya que tendría vínculos con personas radicadas en Paraguay.
