La Intergremial Judicial denunció que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco ad hoc pretende impulsar una ley para incrementar sus salarios y desengancharlos de los trabajadores del Poder Judicial. Anunciaron un compás de espera porque el 13 de mayo serán recibidos por el ministro de Gobierno provincial. Ratificaron el estado de alerta y asamblea permanente.
En pie de guerra por lo que entienden un intento de la cúpula de la Justicia del Chaco de avanzar con un incremento salarial para jueces y magistrados que dejen afuera al resto de trabajadores, la Intergremial Judicial ratificó el estado de alerta y asamblea permanente y reclamó la intervención directa del gobernador Leandro Zdero, pese a que serán recibidos el próximo martes 13 por el ministro de Gobierno, Jorge Gómez.
“Estamos en una etapa de conflicto de derechos”, denunció la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh), Graciela Aranda, en una conferencia de prensa conjunta brindada este miércoles junto a sus pares de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco y de la Asociación Judicial del Chaco.
En ese sentido, aseguró que un Superior Tribunal de Justicia ad hoc, conformado por jueces y fiscales provinciales en funciones, son los que deben resolver la causa por la intangibilidad de los salarios de los magistrados siendo “juez y parte”. Es decir, son los que se verían favorecidos particularmente por sus propias decisiones. “Ellos han establecido justamente que se elabore un nuevo proyecto”, denunció Aranda, en referencia a un proyecto de ley que mejore exclusivamente sus salarios pero no los del resto de los trabajadores del Poder Judicial.
Audiencia con el ministro Gómez
“Pedimos audiencia a los tres poderes del Estado y ahora estamos convocados para el 13 de mayo, y por eso fue esta conferencia de prensa más que nada para que sepan que nosotros el 13 de mayo estamos convocados por el ministro de Gobierno, que realmente valoramos esta apertura de diálogo”, informó.
No obstante, Aranda subrayó que “estamos muy atentos, muy alerta por lo que pase en ese expediente, porque lo grave y lo preocupante es que lo que no se está tratando dentro del Ejecutivo en una mesa técnica salarial, se está viendo y hablando y sentenciando a través de sentencias de las cuales los propios interesados son parte, jueces y parte. Pero con la presencia del Ejecutivo, con la presencia de parte del Superior como la Procuración, parte del Legislativo, fiscal de Estado”.
“Están queriendo legislar porque van a presentar el proyecto de ley a través de una sentencia donde van a tratar salarios y los trabajadores, las entidades gremiales que componemos justamente el equipo total del Poder Judicial, estamos afuera de esa convocatoria”, denunció Aranda, y reveló que “nos han desestimado la intervención, nos han desestimado la revocatoria y ahora hemos planteado nulidad que tampoco tenemos aún respuesta”.
La secretaria general del SEJCh valoró la apertura al diálogo por parte del Poder Ejecutivo y adelantó que “hemos decidido realizar un compás de espera y entendiendo también que hay unas elecciones de por medio el día domingo 11 de mayo, la cual nosotros como judiciales no queremos entorpecer dicha elección. Por ese motivo hemos resuelto pasar a un cuarto intermedio a luego de esa reunión, en función de la apertura que ha demostrado el Poder Ejecutivo para con los gremios judiciales”.
En ese contexto, Aranda recalcó que “ninguna sentencia puede suplir una convención colectiva salarial. Esto es jurisprudencia nacional, local y de otras provincias y es lo que se ha pretendido en esta instancia. Entonces el conflicto acá que nosotros tenemos en el Poder Judicial es interno, es del Poder Judicial de algunos jueces con el resto del personal”.
“Hemos reclamado y exigido que haya una intervención por parte del Gobernador directamente y en ese sentido y en ese contexto es que se ha convocado a una audiencia para la semana que viene y desde allí hemos decidido realizar un compás de espera”, sostuvo la integrante de la Intergremial. Al respecto, precisó que “nosotros hemos solicitado la intervención porque el que tiene que decidir acá es la máxima autoridad del Estado. La máxima autoridad del Estado es el Gobernador electo”.
“Si él designa funcionarios, los funcionarios que él designe deberán estar a cargo de realizar las convenciones colectivas salariales y en función de ello decidir cuál es la política salarial real que se tiene que aplicar al personal judicial. Entendemos también que los jueces que han decidido en la materia de sus salarios lo han hecho en forma subjetiva y nunca lo han hecho en forma de la ley y en forma de la Constitución. El juez lo que tiene que regirse siempre es siguiendo el orden constitucional y el orden legal vigente”, aseguró.
