Es en una acción de amparo presentada en marzo por el exdefensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj. A pesar del dictamen favorable de la fiscalía, la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa se declaró incompetente, como ya lo había hecho antes un Juzgado Civil. Elevó el caso al Superior Tribunal de Justicia para que defina en qué fuero se debe tramitar. Mientras tanto, el gobierno de Zdero gana tiempo.
En el Chaco, las acciones judiciales que buscan proteger derechos de los sectores más vulnerables siguen generando incomodidad entre los magistrados, que, como hace tiempo no sucedía, prefieren evitarlos para no tener que tramitar causas que podrían generar cortocircuitos en su relación con un Poder Ejecutivo que ha demostrado un escaso apego por la independencia judicial. Esta vez, fue la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del Chaco la que resolvió declarar su incompetencia para intervenir en una causa promovida por la Defensoría del Pueblo provincial, que busca suspender los cortes de suministro eléctrico a usuarios vulnerables y exigir un plan de pagos accesible. El caso fue remitido al Superior Tribunal de Justicia para su consideración definitiva.
La resolución, que da a conocer LITIGIO, fue dictada a fines del mes de abril por la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa, con las firmas de las juezas Gloria Silva y María Virginia Serrano.
La Defensoría del Pueblo inició una acción judicial contra el Poder Ejecutivo provincial, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y la empresa SECHEEP (Servicios Energéticos del Chaco), alegando “actuar arbitrario” por aumentos tarifarios “desproporcionados” y la falta de medidas protectoras para usuarios en situación de hipervulnerabilidad (categorías N2 y N3) y entidades de bien público. La demanda pedía: suspensión inmediata de cortes de luz a estos grupos y implementación de un plan de pagos con tasa cero y al menos 12 cuotas.
En tanto, no se conoce ninguna expresión al respecto por parte del nuevo Defensor del Pueblo del Chaco, Sergio Lencovich, designado a propuesta del actual gobernador Leandro Zdero. Tampoco de la Defensora del Pueblo Adjunta, Alicia Torres, propuesta por el peronismo.
Conflicto de competencia
Inicialmente, el Juzgado Civil y Comercial N° 3 se declaró incompetente, argumentando que el caso involucraba cuestiones administrativas. La Cámara Contencioso Administrativa analizó el conflicto y, aunque reconoció el carácter colectivo de la demanda —amparado por la ley provincial 770-R (protección de derechos difusos y colectivos)—, determinó que el procedimiento adecuado debe tramitarse ante los tribunales civiles, según lo establece dicha norma.
Además, el tribunal destacó que su rol no es actuar como “superadministración”, sino verificar el cumplimiento de la ley por parte del Estado. La Sala Segunda rechazó la declinatoria de competencia del Juzgado Civil N° 3 y se declaró incompetente, derivando el caso al Superior Tribunal de Justicia para dirimir el conflicto.
Así las cosas, la ciudadanía chaqueña, que sufre el atropello cotidiano de sus derechos por parte de la actual administración provincial, cada día encuentra más trabas y obstáculos del Poder Judicial para poder reclamar.
