El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica acusó a la dictadura sandinista de implementar una política de terrorismo de Estado, mediante una violencia que no distingue edades ni derechos
La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua reclamó este sábado justicia por la muerte de decenas de menores de edad, asesinados durante las protestas antigubernamentales que estallaron en el país en 2018.
En la víspera del Día Internacional de la Infancia, la organización difundió un comunicado en el que “responsabilizó” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por los acontecimientos y la violencia de aquel abril, que se saldaron con la muerte de al menos 29 niños y niñas, entre ellos uno de tan solo cuatro meses y otro de tres años.
Según recordó el Colectivo, aquel fue uno de los casos más crueles de la represión de la dictadura, que ordenó a “paramilitares quemar la casa” en Managua, cuando “toda la familia estaba dentro”, el 16 de junio.
También, el texto lamentó la muerte de Álvaro Conrado, un joven de 15 años asesinado cuatro días más tarde “por un francotirador y a quien médicos de hospitales estatales le negaron la atención médica”.
“Su muerte simboliza la barbarie de un régimen que practica el terrorismo de Estado mediante una violencia que no distingue edades ni derechos”, denunció la ONG.
Por otro lado, la organización cargó contra el binomio Ortega-Murillo por “la detención arbitraria de más de 70 menores de edad, y de la orfandad de quienes quedaron huérfanos de uno o ambos padres debido a la violencia estatal y paramilitar“, y reiteró que “la responsabilidad de estas violaciones recae directamente en quienes detentan el poder en Nicaragua”.
“Seguimos exigiendo justicia y verdad para las víctimas, reafirmando nuestro compromiso de recordar, denunciar y luchar por una Nicaragua en la que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados, protegidos y promovidos”, cierra el texto.
La crisis política y social que atraviesa Nicaragua se remonta a abril de 2018, cuando estallaron masivas protestas tras el anuncio de reformas a la seguridad social. Estas manifestaciones, que inicialmente respondían a demandas sociales, pronto se transformaron en un movimiento que exigía la renuncia de Ortega, quien entonces acumulaba once años en el poder.
Enseguida, la dictadura ordenó una fuerte represión estatal y paramilitar, que derivó en una ola de violencia y encendió las alertas en toda la comunidad internacional.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), estas acciones dejaron al menos 325 muertos, aunque otros organismos locales elevaron la cifra por encima de los 400. Por el contrario, el régimen reconoció solo a 200 fallecidos.
El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, constató, entonces, que la mayoría de estos crímenes habían sido perpetrados por fuerzas paramilitares, cuyo objetivo era infundir miedo entre la población para frenar las manifestaciones.
Además, más de 1.600 civiles fueron detenidos por haber participado de estos hechos y haberse manifestado en contra del régimen, según la ANPDH.
Este escenario se agravó aún más tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, y aumentó la persecución contra sus principales contendientes.
En consecuencia, múltiples referentes disidentes fueron encarcelados y en casos hasta expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, profundizándose la crisis institucional y el aislamiento internacional del régimen.
