Se trata de una nueva arremetida de Consuelo Porras en el marco de su voluntad por revertir los resultados electorales
La Fiscalía de Guatemala realizó este martes un allanamiento en una oficina del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y detuvo a una funcionaria encargada del archivo de la institución. La noticia fue confirmada por la propia Fiscalía, que mantiene abiertas varias investigaciones sobre el proceso electoral de 2023 en el país centroamericano.
“La Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrolla diligencias de allanamiento en la oficina de la dirección de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral”, declaró a periodistas Moisés Ortiz, vocero de la Fiscalía, tras el operativo.
La acción se enmarca en las redadas lideradas por el Ministerio Público en instalaciones del TSE, ente que organizó los comicios generales del año pasado, en los que resultó electo el actual mandatario Bernardo Arévalo.
En el marco de este operativo, la Fiscalía ordenó también la detención de Angelita Martínez, jefa de archivo del TSE y reconocida dirigente sindical dentro de la institución.
“Como resultado de las diligencias (…) se coordinó la aprehensión de Angelita Martínez”, confirmó más tarde el vocero Ortiz.
Al llegar a la sede de los tribunales, escoltada por agentes policiales, Martínez denunció ante la prensa que su arresto constituía un acto de “represalia” por parte de los funcionarios del organismo, sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción.
“Mi detención es una represalia porque ya no seguí con las denuncias”, afirmó Martínez antes de sumar que en un primer momento había colaborado con el Ministerio Público como “testigo protegido”, tras haber denunciado un supuesto “fraude” en las elecciones generales, pero tiempo después desistió de continuar aportando información.
“Era testigo protegido por haber denunciado un supuesto fraude en las elecciones, pero luego me abstuve de continuar colaborando con la Fiscalía porque recibí amenazas de muerte”, explicó.
Las diligencias encabezadas por la Fiscalía, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras, han tenido por objetivo atentar contra el proceso democrático guatemalteco e, inclusive, pusieron en riesgo la toma de posesión de Bernardo Arévalo en enero de 2024, en medio de denuncias sobre un supuesto plan de “golpe de Estado” destinado a impedir su llegada al poder por su discurso anticorrupción.
De hecho, esta no es la primera vez que el Ministerio Público realiza allanamientos tanto en la sede central del TSE como en diferentes áreas técnicas y administrativas, con la intención de atentar contra la institucionalidad del país y la independencia de sus órganos electorales.
A raíz de ello, en mayo, Arévalo llevó formalmente una denuncia contra Porras ante una relatora de las Naciones Unidas, apuntando a la existencia de “limitaciones” para ejercer una justicia independiente, agravadas —según sus palabras— por “la existencia de espacios de cooptación y corrupción que profundizan la impunidad y debilitan la institucionalidad en Guatemala”.
En el mismo documento, la máxima autoridad del Ejecutivo expresó su preocupación por la criminalización que ejecuta la Fiscalía contra jueces, fiscales y abogados que promueven una justicia independiente dentro del país, fenómeno que ha sido documentado también por organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Por su parte, la funcionaria de la ONU se comprometió a evaluar “las medidas adoptadas por Guatemala para garantizar la independencia del poder judicial y la imparcialidad del MP, así como el libre ejercicio de la abogacía”.
(Con información de AFP)
