“Es un gesto que puede ser interpretado por los tribunales como una admisión”, dicen especialistas sobre las declaraciones del presidente. Alertan sobre el riesgo penal de un acuerdo con Burford.
Javier Milei culpó a Axel Kicillof por el fallo adverso en el caso YPF, mientras la defensa oficial de la Argentina afirma exactamente lo contrario. Esta contradicción a cielo abierto puede alterar el recorrido del litigio.
Mientras los abogados de la Argentina preparan la apelación, que ya fue anunciada formalmente, el presidente responsabilizó públicamente al entonces ministro de Economía por haber ignorado el estatuto de la compañía en el proceso de nacionalización.
La declaración presidencial no es una simple opinión, sino una contradicción con el planteo legal que la Argentina sostiene ante la justicia de Estados Unidos y que seguirá sosteniendo en la instancia de apelación.
La jueza Preska ordenó que Argentina entregue el 51% de YPF al fondo buitre Burford
La línea argumental del país ha sido clara desde el primer día: la expropiación de YPF se hizo al amparo de la Constitución Nacional. Y en palabras textuales de la defensa argentina, “Constitución mata estatuto”. ¿Qué significa esto? Que al tratarse de una ley de expropiación aprobada por el Congreso el procedimiento de adquisición de acciones no debía regirse por el estatuto de la sociedad anónima, que exige realizar una oferta pública para todos los accionistas, sino por el marco de derecho público establecido por la Constitución.
Así lo sostuvo el gobierno de Cristina Kirchner, pero también así lo planteó Mauricio Macri, lo mismo que Alberto Fernández y así lo vuelve a presentar hoy la administración libertaria. Sin embargo, Milei se desmarca de esa posición jurídica al responsabilizar a Kicillof por no haber seguido el estatuto de YPF.
Esa acusación, curiosamente, es la misma que hace el fondo demandante, Burford Capital: que el Estado debió lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para los accionistas minoritarios y no lo hizo. Al señalar como culpable a Kicillof por no cumplir con el estatuto, Milei, implícitamente, está validando el argumento de los demandantes. Y, por consiguiente, está negando la lógica de su propia defensa.
Lo paradójico es que mientras el Presidente apoya en declaraciones públicas la postura del fondo buitre, su propio gobierno ratifica la estrategia jurídica nacional que -a pesar del cambio de gestión- se mantiene inalterada: la Constitución está por encima del estatuto privado de una empresa, incluso si esa empresa cotiza en Wall Street.
“Lo que está en juego no es solamente un error de comunicación o una torpeza política. Es un gesto diplomático y legal que puede ser interpretado por los tribunales como una admisión, o al menos como una fisura en la defensa”, explicó a LPO un abogado que sigue este tema.
En una causa donde cada declaración cuenta la señal del gobierno parece, como mínimo, contradictoria. Mientras tanto, la Argentina sigue su curso legal con la apelación anunciada.
Más allá de como puedan intervenir las declaraciones presidenciales en el litigio, la defensa Argentina aspira a conseguir, en paralelo a la apelación, que Preska conceda un Stay, o sea que ponga en pausa la ejecución de la sentencia hasta el pronunciamiento de la Cámara. “La causa entraría en un período de hibernación, hasta que a mediados del año que viene haya un pronunciamiento en segunda instancia respecto a la apelación de fondo”, indicó la fuente consultada y agregó: “siempre y cuando Javier Milei no tenga una estrategia de hacer goles en contra”.
Con sus declaraciones, Milei parece estar de acuerdo con la idea de que el estatuto de una sociedad anónima está por encima de la constitución nacional. Eso explicaría su intención de negociar con Burford. El diálogo está abierto. LPO reveló que Burford contrató como interlocutor a Gery Matto un viejo conocido de la Argentina.
Renunciar a la instancia de apelación en el caso YPF no es un trámite menor ni un gesto inocuo: implica una decisión política de alto costo, porque requiere la firma de un decreto por parte del Presidente o del ministro de Economía, que quedará como prueba documental de que la Argentina, pese a considerar históricamente injusto el fallo, elige no litigar más.
Esa renuncia no es técnica, es ideológica: expresa que el gobierno de Milei considera legítima la pretensión de los fondos buitres y está dispuesto a negociar bajo sus términos. Esto instala un escenario complejo. Si el Estado argentino sostiene públicamente que la sentencia es injusta pero opta por pagar, la decisión podría derivar en responsabilidades penales. Porque no se trataría de una transacción comercial sino de una claudicación deliberada en favor de una parte que la propia Argentina acusa de haber actuado de mala fe. En ese caso, la decisión de pagar -por convicción ideológica y no por obligación jurídica- podría ser interpretada como un perjuicio doloso al interés nacional.
