Con una resolución que fue mantenida en secreto, el departamento de Irrigación autorizó perforaciones de Cresud en la zona de Agrelo. La medida revalorizó las tierras, pero por el escándalo podrían dar marcha atrás.
En medio de una crisis hídrica sin precedentes, Mendoza le habilitó 5 pozos de agua a Eduardo Elsztain. Por el escándalo, el gobierno podría ir marcha atrás con la autorización.
En agosto de 2024, la provincia confirmó la suspensión de permisos para pozos por dos años. Sin embargo, Sergio Marinelli entregó 9 autorizaciones en febrero de 2025. El funcionario controla el Departamento de Irrigación y su cargo es tan importante que se lo llama el “gobernador de las aguas”.
Irrigación había recibido una solicitud de Cresud, perteneciente a Elzstain, para perforar en la zona de Agrelo y el organismo jamás contestó. La empresa fue a la Justicia: la Corte ordenó a Marinelli que diera una respuesta, pero no dijo que fuera positiva o negativa.
En febrero, Irrigación y Cresud fueron a la Corte y anunciaron que había acuerdo. Con una resolución que se mantuvo en secreto y no se publicó en el Boletín Oficial, el gobierno habilitó 9 nuevos pozos. Irónicamente, la resolución lleva el número 125.
Un funcionario vinculado a IRSA administrará el organismo que vende los bienes del Estado
La decisión contradijo informes técnicos, jurídicos y científicos del propio organismo que recomiendan mantener la limitación para extraer agua de El Carrizal, un subacuífero considerado vulnerable. El informe, que habla de un excedente hídrico, tampoco fue publicado.
Elsztain festejó: la medida revalorizó las más de 400 hectáreas que tiene Cresud en Agrelo. El empresario que alojó a Javier Milei en el Hotel Libertador no fue el único: Chimpay La Rioja S.A., de Young Woo, recibió autorización para dos pozos, mientras que a Grappolo S.A., de Walter Bressia, y Pedro García Mateo les habilitaron un pozo a cada uno.
La cuestión se hizo pública por una investigación del portal El Medio y provocó un escándalo en la provincia. Alfredo Cornejo por ahora se mantiene en silencio.
El senador provincial Félix González, cercano a Anabel Fernández Sagasti, presentó un pedido de jury para remover a Marinelli. El funcionario asumió en 2017 y en 2022 fue nombrado por otros cinco años en uno de los cargos más importantes de la administración mendocina.
“La negligencia de los funcionarios también genera injusticias como esta. Que un grupo económico poderoso pueda acceder al agua genera una distorsión frente a los pequeños productores a los que se les niega ese recurso”, dijo González.
El caso escaló y Marinelli comenzó a recular. Dejó entrever que la autorización podría caerse si no obtiene la aprobación en el honorable tribunal provincial.
