La Casa Rosada busca contener la ofensiva legislativa de las provincias con una convocatoria a mandatarios clave después del 9 de Julio.
La Casa Rosada busca dilatar los avances de los gobernadores en el Congreso con negociaciones por un nuevo pacto fiscal. La mesa política estudia con preocupación la falta de alianzas en la Cámara de Diputados para sostener vetos -a raíz de tensiones con las provincias por el envío de fondos y el armado electoral de La Libertad Avanza- y apunta a establecer nuevos acuerdos.
Es por eso que el Gobierno asegura que convocará en el corto plazo a un grupo selecto de mandatarios provinciales que representen a todas las facciones del interior para acercar posiciones. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, encabezarán la convocatoria, que será luego de las celebraciones por el 9 de Julio.
Javier Milei y los integrantes del gabinete viajarán a la provincia de Tucumán para la vigilia de 8 de julio por el Día de la Independencia. Estará junto al gobernador Osvaldo Jaldo, que se reunió esta semana con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se trata de un aliado que tensó el vínculo con el oficialismo en las últimas semanas.
“Lo único que nos importa es llegar a octubre sin temblores”, expresan en Nación. El Ejecutivo reconoce que quiere evitar que la debilidad parlamentaria de su bloque impacte en la expectativa financiera y pone como ejemplo la forma en la que puede reaccionar el mercado a cambios en las cuentas fiscales a raíz de la caída de un veto en ambas cámaras.
El Gobierno sostiene que está dispuesto a hacer concesiones en el envío de fondos a las provincias a cambio de que los legisladores federales no promuevan proyectos en el Congreso que no estén acordados previamente. Apuntan a bloquear los avances opositores hasta después de las elecciones para retomar luego la agenda legislativa.
El Ejecutivo pone la mira sobre el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad que debe tratar el Senado, junto al posible rechazo al veto a la ley que crea un fondo de $200.000 millones para los afectados por el temporal en Bahía Blanca. Lo mismo aplica para las iniciativas que enviaron los mandatarios provinciales para elevar la coparticipación del impuesto a los combustibles y regularizar la distribución de parte de sobrante anual de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La Casa Rosada asegura que vetará todo lo que altere las cuentas fiscales, incluso una baja de retenciones a productos agrícolas, junto con el aumento del presupuesto para las universidades y el Garrahan, entre otras iniciativas. Es por eso que apunta a negociar con los gobernadores cambios en la distribución de fondos y planea introducir en la discusión la reforma impositiva que quiere sancionar en diciembre.
La mesa política de Balcarce 50 quiere impulsar también el proyecto que modifica las leyes Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal, que buscan promover el ingreso de dólares del “colchón” al sistema. En Nación reconocen que apuntan a acordar un nuevo plan de gobernabilidad con las provincias en la previa electoral.
La debilidad en los acuerdos con el sector dialoguista profundizó además las tensiones internas en el oficialismo entre los armadores de La Libertad Avanza -que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- y el equipo del asesor Santiago Caputo, que tiene a cargo la estructura de poder no partidaria del presidente.
Desde las filas del consultor acusan a los cercanos a la hermana del Presidente de trabar la gobernabilidad a través de la ampliación territorial del partido en provincias aliadas. En el otro espacio interno les responden que “es la única forma de lograr poder real en el interior”. Javier Milei busca contener la interna, pero no intervino por el momento.
