Antes de la votación clave en el Senado, el asesor presidencial buscó que la Vice no abriera la sesión en una semana muy desafiante para la Casa Rosada..
Victoria Villarruel llevaba meses sin saber nada de Santiago Caputo. La vicepresidenta y el estratega cortaron todo tipo de diálogo desde que el conflicto entre ella y el triángulo de hierro se volvió irreversible. En este tiempo, la vice solo se comunica con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos -el más dialoguista en el poder- y con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, con quien apenas comparte organizaciones mínimas sobre el devenir de las sesiones en cada cuerpo. Conversaciones frías y logísticas. Pero ayer, antes del comienzo de la sesión en el Senado donde el Gobierno perdería por unanimidad todas sus batallas, Caputo le mandó un audio de WhatsApp que ella abrió con curiosidad. Escuchó la voz del asesor que desde la Rosada le pedía que no habilite la sesión. Que no lo haga. Villarruel lo puso en altavoz a quienes la acompañaban en su despacho. Decidió no contestar y mandó a través de Francos el mensaje al Gobierno de que intentaría ayudar al oficialismo exigiendo que los proyectos sin dictamen que se tratarían en el recinto se aprobaran solo si tenían los dos tercios de los votos de los presentes. Lo demás quedó a la vista. Abrió la sesión cuando hubo quórum, y arrancó así una tarde donde un conflicto de dimensiones todavía no calculables se expandió con final incierto: los senadores que estaban en sus bancas, por unanimidad, aprobaron la corrección jubilatoria, la moratoria, la ley de actualización de los aportes por discapacidad y le dieron media sanción a los proyectos que los gobernadores mandaron la semana pasada para cambiar la distribución de ATN y el reparto de los fondos del impuesto a los combustibles a sus territorios.
La administración de los eventos en el Senado se vivió con un desorden revelador. Alfredo Cornejo, de Mendoza, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Nacho Torres de Chubut, son parte de los mandatarios que lanzaron una línea hacia la Rosada antes del comienzo de la sesión para intentar apaciguar la tensión. El problema es que se repartieron la tarea: uno habló con Francos, el otro con Lule Menem y otro con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda. Y cada uno recibió un mensaje diferente: “quédense y voten en contra”, propuso Lule, mientras que Francos mandó a decir que no se sienten y Guberman otro mensaje. “Tanta dispersión desde la Rosada les permitió a los gobernadores autopercibirse mareados”, se reía ayer un caminante profesional del Senado.
Guerra de tuits
“Traidora”, dijo Milei sobre Villarruel en su discurso en la Bolsa de Comercio. Es una pelea ineficaz, un desparramo de trapitos al sol que cuesta creer que pueda beneficiar a alguna de las partes y probablemente solo consolide la indiferencia con que la sociedad está tratando a la clase política. Cuando en TN le preguntamos a Juan Germano, de Isonomía, qué hace la gente cuándo ve las peleas de la casta, su respuesta fue contundente: “no está, no los escucha, ni los ve”. Quedará para la historia el tuit de ayer de la Vice a Patricia Bullrich donde -en respuesta a otro tuit de la Ministra donde la acusó de cómplice del kirchnerismo-, Villarruel le recordó su pasado montonero y desplegó las reglas de la república frente a la Rosada. Pasan cosas locas: José Mayans, presidente del bloque del PJ, defendía hace un rato a Villarruel, a quién absolutamente ningún interés en común lo une. Todo se ve muy desprolijo.
Mientras tanto en la Rosada se activó desde ayer un operativo vertiginoso encargado por Francos a la secretaría de Legal y Técnica, María Ibarzabal, para encontrarle una herramienta a la judicialización de la sesión. Saben que es difícil pero lo intentarán de todos modos. Es una manera de reaccionar. El camino que sigue fue anunciado mil veces: el veto de las leyes aprobadas en el Senado. El problema es que esta vez la matemática de los votos no garantiza para nada el éxito en Diputados para sostener un veto. Curiosamente podrían estar en manos de Mauricio Macri. Si el acuerdo bonaerense con el PRO puede gatillar la voluntad de, por ejemplo Vidal o Lospenatto -que dieron media sanción a los proyectos de jubilaciones- y hacerlas cambiar ahora de parecer, es una opción que probablemente solo dependa de la decisión del Presidente del PRO. Con los radicales al Gobierno se le fue complicando muchísimo.
No es solo la ecuación de la cuenta fiscal la que se rompió ayer sino sobre todo, la matemática de la política con las alianzas que el oficialismo había construido con mecanismos que fueron deteriorándose en los últimos meses, una amenaza que Caputo veía venir hace tiempo y por la que se intensificó la interna con los representantes de Karina en la mesa política. En palabras más claras, podría decirse que lo de ayer es una profecía cumplida en el seno del poder. Más que cumplida, autogestionada, según la opinión del entorno de Caputo.
Su razonamiento sigue esta lógica: si no hay resto económico para mejorar el reparto de partidas a las provincias, la compensación debería ser con la política electoral en temporada alta de cierre de listas y acuerdos. Son discusiones que llevaron la situación a que Caputo abandonara la mesa chica política, por lo menos por ahora. En los próximos nueve días se definirán los candidatos en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires: Ese listado será una revelación sobre el engranaje del poder. Sobre ganadores y perdedores.
El avión del poder
El episodio del Senado sucedió en el tramo final de una semana donde el Gobierno se mantuvo a la defensiva desde el lunes con la revelación en TN sobre el dictamen de los fiscales que investigan irregularidades en los controles al avión del empresario Leonardo Scatturice en un vuelo que llegó al país el 26 de febrero y quedó en tránsito hasta el 5 de marzo a las 20.30 hs en que se fue a París. Scatturice, se sabe, es una pieza fundamental en el vínculo entre el Presidente y Trump pero sobre todo entre el Gobierno y la CPAC (el Centro de Acción Política Conservadora). Cuando Carlos Pagni reveló en marzo que podrían haber faltado controles eficaces en ese vuelo, Manuel Adorni le respondió por conferencia de prensa asegurando que eso era imposible, que solo había cinco valijas y que la única pasajera del vuelo, Laura Arrieta, directora corporativa de OPC -la compañía de Scatturice-, apenas bajó un carry on del Bombardier que la trajo de Miami.
Los fiscales vieron otra cosa y así lo marcaron en el dictamen que incluyó un paquete grande de medidas que está llevando adelante el juez Pablo Yadarola. Es cierto que los casos no tienen nada en común pero es una casualidad colorida que la historia de este avión esté siendo investigada por el mismo juzgado y la misma fiscalía que tuvieron a cargo la llegada de Antonini Wilson con su valija llena de dólares.
La lista de inconsistencias reveladas en el dictamen es extensa:
- ¿Por qué declararon un aeropuerto de origen pero salieron de otro?
- ¿Por qué pusieron destino Miami y se iban a París?
- ¿Por qué la ANAC jamás registró la llegada de ese avión al país?
- ¿Por qué nadie de la Aduana precintó el avión si quedó en tránsito en un hangar de Royal Class con dos valijas adentro?
- ¿Por qué la Policía Federal mandó videos intermitentes sobre el interior del hangar mientras la nave estuvo ahí?
¿Por qué el oficial de la PSA que intervino en los controles asegura haber visto que Arrieta le pasó una llamada a Cintia Cali, delegada de la Aduana que fue hasta el avión a recibirla y que, con el celular en la oreja, Cali respondió “OK” no se sabe a quién?
Con el paso de los días, la historia se pone más intrigante: ¿por qué la empresa emitió un comunicado diciendo que además de los dos tripulantes y la pasajera, había una auxiliar de a bordo? Casualmente, horas después, Juan Pazo, titular del ARCA, a cargo de la Aduana, salió a defender la operación de su organismo y repitió que eran cuatro. Por suerte la empresa después se corrigió y recordó que no había auxiliar de a bordo. Pazo no dijo más nada sobre el tema.
Hay otro dato curioso: uno de los argumentos del Gobierno es que la causa es producto de una autodenuncia de la Aduana. En rigor, se trató de un informe sumarial que se tramitó en Capital -donde está Aeroparque- y por razones que se desconocen fue a parar a la Aduana de Campana, donde dieron aviso al juzgado de Yadarola. ¿Por qué Campana interviene sobre un hecho de Capital? El titular del organismo es Andrés Veliz y justo en abril, un mes después, intervino esa seccional. Dicen en el fuero Penal Económico que está sucediendo muy seguido que el origen de denuncias geográficamente dispares de la Aduana provengan todas de Campana. Intriga.
Hoy, Adorni, que no había vuelto sobre el tema, consideró el asunto cerrado porque el piloto, Juan Pablo Pinto, se presentó para ampliar su declaración testimonial y mostró compras en internet identificando sus bultos. Es raro qué tendría que ver eso con el tema de fondo que es, si le hicieron o no un salvoconducto a los integrantes de ese vuelo, para salir sin pasar sus cosas por el escáner. Adorni, más llamativo todavía, ahora dice: “Es un tema de privados”. Raro, porque hasta el Presidente dio explicaciones esta semana.
El juez Yadarola espera un informe esencial desde Estados Unidos. Como era un jet privado y estaba de salida del país, quiere que le informen qué tipo de controles se hicieron antes de despegar. Esos datos son trascendentales para saber si por lo menos allá se fijaron qué había dentro de los bultos y las valijas. La consulta ya se envió. Falta que llegue la respuesta.
