Advierten que la ley impone controles desproporcionados, vulnera la libertad de asociación y amenaza la sostenibilidad de proyectos comunitarios y de derechos humanos
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social, tramitada con carácter de económico urgente y propuesta por el presidente Daniel Noboa. La normativa, que según sus impulsores busca prevenir el uso indebido de organizaciones sociales para actividades ilícitas como el lavado de activos, ha despertado una inmediata reacción por parte de 40 organizaciones de la sociedad civil, que consideran que la norma vulnera derechos fundamentales y limita su sostenibilidad financiera y operativa.
De acuerdo con el informe de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, la ley se enmarca en la estrategia nacional contra el crimen organizado y responde a la evaluación de riesgos elaborada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que sitúa al Ecuador con un riesgo medio-alto de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre sus disposiciones se contempla la supervisión diferenciada de las organizaciones sociales sin fines de lucro (OSSFL), la clasificación de riesgos, la obligación de registrar fuentes de financiamiento en el Sistema Unificado de Información (SUIOS) y la posibilidad de imponer sanciones que incluyen la disolución de entidades en caso de incumplimientos considerados graves.
Sin embargo, las organizaciones sociales advierten que el debate parlamentario estuvo marcado por discursos estigmatizantes y generalizaciones sin evidencia empírica.
Según el comunicado conjunto, durante las intervenciones de asambleístas oficialistas se vinculó a las OSC con actividades ilícitas como el lavado de activos sin presentar datos verificables. Esta narrativa, sostienen, genera un grave riesgo de afectar su legitimidad, desincentivar la cooperación internacional y obstaculizar el acceso a financiamiento privado y comunitario, lo que impacta directamente en proyectos sociales y de derechos humanos en curso.
El texto final de la ley incorporó algunos cambios en relación con la primera versión, como el principio de proporcionalidad en las medidas de control y el incremento a 60 días del plazo para registrarse en el SUIOS. No obstante, persisten disposiciones que, según las organizaciones, resultan desproporcionadas e inviables para entidades comunitarias y rurales de bajo presupuesto. Entre ellas, la obligación de reportar trimestralmente estados financieros con estándares similares a sociedades mercantiles, la contratación obligatoria de auditorías externas, y la entrega detallada de información sobre beneficiarios y actividades bajo amenaza de sanción.
También cuestionan el artículo que permite la disolución por “irregularidades” administrativas, lo cual abre espacio a interpretaciones discrecionales de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Las críticas también apuntan a la inclusión en el articulado de materias ajenas al ámbito asociativo, como disposiciones relacionadas con minería, impuestos o condonación de deudas a la Seguridad Social. Para las organizaciones, estos añadidos desvirtúan la naturaleza de una normativa que fue presentada inicialmente como una “ley de fundaciones” y revelan un uso extensivo del trámite económico urgente sin un debate técnico ni social suficiente.
Frente a este escenario, las 40 organizaciones firmantes —entre ellas Fundamedios, Periodistas Sin Cadenas, Diálogo Diverso, Fundación Alas de Colibrí, la Red Nacional de Organizaciones Sociales Cooperantes del MIES, la Red de Mujeres Rurales y Diversas del Ecuador y la Coalición Nacional de Mujeres— anunciaron que evalúan tres acciones inmediatas: participar en la construcción del reglamento para evitar mayores restricciones, acudir a organismos internacionales de derechos humanos para visibilizar las afectaciones, y presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley.
En su comunicado, las organizaciones recalcan que respaldan los objetivos de prevenir el lavado de activos y fortalecer la transparencia, pero insisten en que estos fines legítimos deben alcanzarse con normas equilibradas y no a través de mecanismos que criminalicen al sector: “Al afectar al sector de las OSC, se están debilitando actores que trabajan por la igualdad y construyen cohesión social, en un contexto de inseguridad y violencia donde su labor resulta esencial”, señalaron.
El oficialismo, por su parte, sostiene que la Ley de Transparencia Social permitirá cerrar vacíos legales, reforzar la confianza ciudadana y blindar la estabilidad financiera frente al crimen organizado.
