Los profesionales del Hospital Cantoni se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria. Uno de ellos tenía un antecedente por el mismo delito
Un médico y un enfermero, que desarrollaban tareas en un hospital de la localidad sanjuanina de Pocitos, continuarán cumpliendo un régimen de prisión preventiva por abuso sexual por el que habían sido detenidos en junio de este año. Así lo resolvió la Justicia local durante una audiencia llevada a cabo este jueves.
Los detenidos enfrentan cargos por el delito detallado contra pacientes del Hospital Cantoni. La decisión del juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli fue tomada tras el pedido del fiscal Leonardo Arancibia, titular de la UFI CAVIG, quien expuso en audiencia la gravedad de las imputaciones y la necesidad de mantener la detención domiciliaria de los imputados mientras se desarrolla la investigación.
En el caso de Miguel Amado, el médico ya había sido condenado en 2021 por abuso sexual simple, también vinculado al trato con una paciente; mientras que el enfermero José Sebastián Castillo fue denunciado por varias víctimas que señalaron prácticas médicas que incluían masajes, maniobras y contactos que, según la Fiscalía, carecían de justificación clínica y constituían actos de abuso.
El proceso judicial se encuentra en trámite desde que, en junio pasado, una mujer alegó que había sido víctima de tocamientos indebidos durante una consulta médica en el nosocomio. La denuncia activó un procedimiento urgente que derivó en la detención inmediata de los dos profesionales.
Según los detalles que dio el portal Tiempo de San Juan, durante la última audiencia celebrada, Arancibia argumentó que la continuidad de la prisión preventiva por 30 días más era necesaria para prevenir posibles riesgos procesales, como fuga o entorpecimiento de la investigación. Sostuvo que los relatos de las denunciantes tienen coherencia, que el prontuario del médico es un agravante y que existe un patrón de conducta reiterado en ambos imputados. En ese sentido, remarcó la importancia de garantizar la protección de las víctimas y de la prueba mientras siguen colectándose elementos fundamentales para la causa.
Los imputados estuvieron representados por los abogados Marcelo Fernández y Nadia Derka, quienes cuestionaron la extensión de la medida, pero el juez Meglioli consideró fundados los argumentos de la Fiscalía, sobre una medida que estaba próxima a vencer el sábado. Se trata de una decisión que ya había sido tomada en ocasiones anteriores y con la decisión de este jueves, continúa al menos un mes más.
Durante la jornada también se repasaron los detalles de las denuncias contra el enfermero. La acusación sostiene que utilizaba su posición para vulnerar la intimidad de las pacientes, repitiendo un modus operandi en distintos turnos y situaciones.
Condenaron a un enfermero por abusar de una paciente
Hace dos semanas, el Tribunal de Neuquén sentenció a ocho años de prisión efectiva a un enfermero, identificado por sus iniciales como A. E. A. B., tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guarda en perjuicio de una paciente mayor de 70 años. El hecho ocurrió en noviembre de 2024 y fue registrado por cámaras de seguridad, evidencia que resultó determinante en el proceso judicial.
La Fiscalía, representada por la fiscal Carolina Mauri, había solicitado una pena de once años y medio de prisión, al considerar que la conducta del enfermero tuvo un fuerte impacto psicoemocional en la víctima y causó un daño institucional por el quebrantamiento del vínculo de confianza entre pacientes y profesionales de la salud. Mauri enfatizó que el acusado aprovechó el delicado estado de salud de la paciente, quien se encontraba internada y en una situación de total dependencia, y señaló que el hecho afectó la confianza de la sociedad en las instituciones médicas.
Durante las audiencias, el acusado reconoció su responsabilidad por los hechos, pidió perdón a la víctima y admitió el abuso cometido el 2 de noviembre del año pasado entre las 8:20 y las 8:45 de la mañana. La defensa solicitó que se aplique el mínimo legal previsto, de ocho años, argumentando que el agravante de la condición de guarda ya estaba contemplado y que no existían antecedentes condenatorios en su contra. Además, destacaron su confesión y colaboración para evitar la realización de un juicio más extenso. De esta manera, el tribunal dictó la sentencia el pasado 20 de agosto.
En la audiencia de lectura del veredicto, los magistrados rechazaron el pedido de la Fiscalía para que el daño psicológico en la víctima sea considerado un agravante, al señalar que la psicóloga interviniente no pudo demostrar el impacto emocional derivado de los hechos con suficiente claridad.
