El presidente de La Libertad Avanza en Chaco, Capi Rodríguez, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser imputado por presuntas afiliaciones políticas fraudulentas y, más recientemente, por un polémico procedimiento de incautación de su teléfono celular que ha generado indignación en la esfera judicial. En el informe expuesto por Telenueve denuncia se muestran declaraciones del fiscal, admitiendo el grave riesgo procesal de la destrucción de pruebas clave para el proceso.
La denuncia inicial detalla que Rodríguez fue imputado por el fiscal Patricio Sabadini luego de que se descubriera que las afiliaciones necesarias para conformar el partido en Chaco fueron inventadas o falsificadas. Se reporta que muchas personas fueron afiliadas sin su conocimiento, lo que llevó a que el fiscal lo imputara automáticamente.
En respuesta a esta situación, la jueza de la causa, Niremberger, ordenó el secuestro del teléfono celular de Capi Rodríguez y dispuso que la Prefectura realizara tareas de inteligencia para asegurar la requisa. Según las fuentes, este es un procedimiento correcto para una requisa con secuestro, que incluso podría haberse acompañado de un allanamiento. La orden especificaba la intercepción y secuestro del teléfono, además de requisar su vehículo.
Sin embargo, la ejecución de la orden ha desatado una fuerte controversia. El pasado 29 de agosto, efectivos de la Prefectura llevaron a cabo la vigilancia para determinar el momento en que Rodríguez regresaba a su domicilio. Al interceptar a Capi Rodríguez cuando entraba a su edificio, los prefectos le mostraron el oficio judicial para solicitar su celular. Lejos de acatar la orden de inmediato, Rodríguez tomó el oficio y se dirigió a su casa, mientras el prefecto intentaba detenerlo. Los oficiales no lograron impedir que entrara a su departamento.
Lo más grave, según la denuncia que se dio a conocer este fin de semana en Telenueve denuncia, es que Capi Rodríguez permaneció 11 minutos dentro de su departamento antes de salir y entregar su celular. Al momento de la entrega, Rodríguez alegó haber “olvidado la clave”. La situación ha llevado a la contundente afirmación de que al imputado “lo dejaron borrar 11 minutos su celular”.
Tanto el fiscal Sabadini como la jueza Niremberger expusieron su profundo malestar con el desarrollo del procedimiento. El fiscal declaró sentirse “un boludo” y que lo último que puede tolerar es que lo tomen por “pelotudo”. La jueza, basándose en el informe de Prefectura y las imágenes del hecho, comparte la sensación de que los están “tomando de boludos”.
Ante la gravedad de los hechos y la aparente negligencia en el cumplimiento de la orden judicial, se comunicará esta situación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El fiscal considera que la Dra. Bullrich “necesita que las fuerzas federales trabajen bien” y que esto afecta directamente a su gestión.
La investigación continúa abierta y se esperan nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial de Chaco.
