El Gobierno nacional prepara un conjunto de decretos con los que busca avanzar en la reorganización del Estado y profundizar su política de desregulación.
Entre las medidas principales se destaca la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de otros 16, en su mayoría institutos nacionales. El paquete está siendo elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger.
En lugar de un único Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Casa Rosada optará por emitir uno por cada área involucrada. La decisión obedece a razones estratégicas: si un juez frena uno de los decretos, el resto podrá seguir en vigencia. El Gobierno lleva casi medio año preparando esta medida, que abarca cambios en múltiples ministerios, especialmente en las carteras de Capital Humano, Economía y Salud.
La iniciativa se apoya en las facultades otorgadas por la Ley Bases, que autoriza al Ejecutivo a eliminar competencias innecesarias y reorganizar organismos, aunque limita a 30 la cantidad que pueden ser disueltos. Además, se analiza relanzar el proyecto “Hojarasca”, que propone derogar más de 70 leyes que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de libertades.
Otra medida inminente es un decreto que permitirá que buques extranjeros operen en el cabotaje nacional, eliminando la exclusividad que hasta ahora tenía la Marina Mercante argentina. También se autorizará la contratación de tripulaciones de cualquier nacionalidad, siempre que cumplan con estándares internacionales. La norma fue elaborada por la cartera de Sturzenegger junto con la Agencia Nacional de Vías Navegables.
Desde el Gobierno afirman que esta apertura busca dinamizar el comercio marítimo, reducir costos y eliminar trabas burocráticas. Además, se permitirá que los armadores registren sus embarcaciones bajo bandera extranjera sin que esto sea considerado una exportación. Según sus impulsores, esto brindará mayor competitividad a las empresas del sector.
Sin embargo, especialistas advierten sobre el fuerte impacto laboral y soberano que podría generar la medida. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que la habilitación del cabotaje extranjero podría provocar la pérdida de entre 3.000 y 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además de una drástica reducción de la presencia argentina en aguas nacionales.
Organizaciones sindicales y sectores de la industria naval alertan que la normativa debilitará la posición de los trabajadores argentinos, al permitir que empresas contraten mano de obra extranjera más barata y con menores regulaciones laborales. También advierten sobre la pérdida de control estratégico del Estado sobre el transporte marítimo y fluvial.
Con el Congreso en receso y el inicio de la campaña electoral, el Ejecutivo busca concentrar sus esfuerzos en iniciativas clave que no requieran aprobación legislativa. Además de los decretos en preparación, se espera que el Gobierno avance con la reforma penal juvenil y otras reformas estructurales que considera prioritarias.
