El Tribunal Oral Federal de Resistencia dispuso el sobreseimiento de once imputados en una causa por tenencia de estupefacientes, luego de reconocer que el proceso judicial se extendió por más de diez años, violando el derecho a ser juzgados en un plazo razonable.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia dispuso el sobreseimiento de once imputados en una causa por tenencia de estupefacientes, luego de reconocer que el proceso judicial se extendió por más de diez años, violando el derecho a ser juzgados en un plazo razonable.
La sentencia, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada este jueves 30 de octubre y lleva la firma unipersonal del juez Juan Manuel Iglesias, quién consideró que la inactividad judicial fue “excesiva y perjudicial” para los derechos de los acusados, teniendo en cuenta que las causas se remontan al año 2013.
Los imputados, entre los que se encuentran varios miembros de un mismo grupo familiar, habían sido originalmente acusados de tenencia de drogas con fines de comercialización, un delito agravado. Sin embargo, tanto la defensa pública como los abogados particulares solicitaron el cambio de calificación legal, argumentando que no existían pruebas que sustentaran la finalidad de venta o distribución. La fiscalía adhirió a este planteo, reconociendo que no se había acreditado el “dolo de tráfico” necesario para la figura agravada.
Un lapso temporal “excesivo y perjudicial”
En su resolución, el tribunal destacó que las causas no presentaban complejidad alguna, y que, a lo largo de más de una década, no se había avanzado sustancialmente en su resolución. Se subrayó además que no existían actos dilatorios por parte de los imputados, sino que la demora respondió a la inactividad judicial. Esta extensión temporal fue considerada “excesiva y perjudicial” para los derechos de los acusados y el debido proceso.
Como resultado, se declaró la insubsistencia de la acción penal y se ordenó el sobreseimiento total y definitivo de todos los involucrados. Además, se dispuso la incineración de las muestras de estupefacientes secuestradas y la devolución de otros efectos incautados que no tuvieran relación con el delito.
El fallo se basó en lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
La sentencia sienta un precedente en materia de plazos razonables en procesos penales, especialmente en casos de tenencia de drogas donde no media agravante alguna. Con esta decisión, once personas recuperan su libertad definitiva tras años de espera en un sistema judicial que no logró resolver su situación en tiempo oportuno.
Revista Litigio
