La Justicia responsabilizó a la institución de Parque de los Patricios en su carácter de empleador.
Huracán recibió un duro revés judicial tras ser notificado de un embargo por 850.000.000 de pesos en el marco de la demanda iniciada por los exfutbolistas Patricio Toranzo y Diego Mendoza. Ambos jugadores sufrieron graves lesiones en el accidente del micro que trasladaba al plantel en Caracas, en febrero de 2016, tras disputar un encuentro por la Copa Sudamericana.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador, al considerar que no garantizó la seguridad de sus jugadores durante el traslado internacional. Según la resolución, el embargo alcanza cuentas bancarias, plazos fijos, créditos e inversiones a nombre de Huracán en entidades como Banco Credicoop y Mercado Libre S.R.L.
Además, se dispuso la retención de los fondos que el club perciba de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya sea por derechos de televisación, participación en torneos o premios, que deberán ser depositados en una cuenta judicial del Banco Nación (sucursal Tribunales). El monto incluye la condena principal y honorarios en concepto de costas, lo que agrava el impacto financiero sobre la tesorería del club.
El fallo judicial revive uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del fútbol argentino. Patricio Toranzo sufrió la amputación parcial de cuatro dedos del pie izquierdo y, aunque logró regresar a las canchas meses después, nunca dejó de remarcar la huella física y emocional que le dejó aquel accidente: “Fue un antes y un después en mi vida… Nací con 20 dedos, hoy tengo 16”, recordó en una de sus declaraciones
Diego Mendoza, por su parte, padeció lesiones graves en el pie derecho que lo obligaron a una operación y condicionaron su carrera con dolores crónicos: “El micro no estaba en condiciones. Sentí que me podía morir en Venezuela”, señaló tiempo atrás.
Para Huracán, la decisión representa un golpe económico en un contexto ya frágil, donde si no prospera un acuerdo extrajudicial con los demandantes, el embargo automático de sus ingresos más relevantes —incluidos los de AFA— podría condicionar la planificación deportiva y administrativa a corto plazo.
