La distancia con la meta de acumulación de reservas ronda los USD 15.000 millones. Pero la novedad es que complicó la meta fiscal por la fuerte caída de la recaudación. Gestos del gobierno para habilitar el desembolso.
El Gobierno acumula incumplimientos y enfrenta una negociación difícil con el FMI, justo cuando necesita como el agua que le libere el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, porque el organismo accedió a patear la revisión prevista para el año pasado.
Por eso, Milei y Caputo tuvieron que aceptar el nuevo esquema económico de acumulación de reservas y ajuste de las bandas por inflación, que les impuso el organismo. El Banco Central logró comprar más de USD 230 millones desde que empezó el año. Pero para evitar que el dólar se dispare , el Tesoro tuvo que vender más dólares de los que el Central compró, además de colocar bonos dólar linked y operar fuerte en el mercado de futuros. Una contradicción evidente que seguramente será parte de las discusiones con el Fondo.
La revisión del Fondo estaba prevista para diciembre. Después pasó a enero. Luego a febrero. Ahora, ya se habla de marzo. Sin confirmación formal, la expectativa es que haya alguna pista en la conferencia quincenal del FMI del próximo jueves.
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El calendario no espera. En febrero hay que pagar USD 860 millones. Un monto similar al de diciembre. Aquella vez no hubo revisión y, por lo tanto, tampoco desembolso. La diferencia es que esa vez apareció un salvataje inesperado: Scott Bessent prestó Derechos Especiales de Giro que se pagaron el viernes pasado. El problema es que nadie explica de dónde salieron los recursos para saldar esa deuda, quién prestó, a qué plazo ni a qué tasa. Esta gestión del Banco Central pasará a la historia por su insoslayable oscurantismo.
Pero el trasfondo es áspero. Argentina está lejos de cumplir las metas del acuerdo. El caso más evidente es el de las reservas. Las reservas internacionales netas, las RIN en la jerga del Fondo, muestran un rojo superior a USD 16.000 millones. Para cumplir la meta, el país debería estar apenas USD 1.000 millones en negativo. Hoy está a unos USD 15.000 millones de distancia.
Con ese número sobre la mesa, el mercado ya descuenta lo de siempre: un nuevo waiver. La dispensa recurrente que acompaña casi todos los acuerdos de Argentina con el FMI. Una suerte de comodín histórico que permite seguir, aun cuando las cuentas no cierran.
Sin embargo el punto más sensible, paradójicamente, es el fiscal. Es el único activo sólido que el Gobierno pudo exhibir hasta ahora. Lo consiguió con un ajuste exponencial durante su primer año de gestión. La meta con el FMI para 2024 era un superávit primario de 1,6% del PBI. El resultado fue mejor: 1,8% de superávit primario y 0,3% de superávit financiero.
En 2025, el escenario fue más exigente. Con la misma meta, la recaudación cayó casi un punto del PBI respecto de 2024. El segundo año de la gestión libertaria habría cerrado con un superávit primario en la zona del 1%.
Según estimaciones provisorias de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el resultado primario de la administración pública nacional fue de 1,07% del PBI, mientras que el resultado financiero sería deficitario en 0,08%. Los números no incluyen las utilidades del Banco Central y están alineados con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda.
El dato oficial se conocerá el próximo viernes, pero diciembre ya anticipa tensiones. Ese mes el gasto creció 4% interanual en términos reales, según la consultora Analytica. Pesaron fuerte los subsidios económicos, que subieron 45%, empujados por los energéticos, que volaron 253,9% anual. También crecieron las transferencias a las provincias, 22,7%, y el gasto en jubilaciones y pensiones, 6,6%. Del otro lado, la obra pública cayó 45,8% y las transferencias de capital se desplomaron 50,7%.
