El abogado húngaro Reed Bródy, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, afirmó que el régimen nicaragüense y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se han fusionado en una estructura única orientada a la represión, como resultado de una reforma constitucional que calificó de “grotesca”.
“La Constitución grotesca que entró en vigor este año no tiene igual en otro país. Nunca ha habido una Constitución que concentre tanto el poder en la Presidencia”, denunció Bródy durante su intervención virtual en el foro “Ruta de justicia: el camino de las víctimas frente a crímenes de lesa humanidad”, organizado en Costa Rica por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, con motivo del sexto aniversario de esta organización.
Bródy, conocido como el “cazador de dictadores” por su trayectoria en casos de justicia internacional, aseguró que “en el último año, el Estado y el FSLN prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión que tiene su impacto dentro y fuera de Nicaragua”.
Según el experto, este aparato represivo es dirigido directamente por los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes “operan una extensa red de inteligencia a todos los niveles, que supervisa a toda la población”.
El abogado destacó que lo que distingue al régimen actual de Nicaragua, en el poder desde 2007, “es el nivel de control total sobre todas las instituciones del Estado y parte de la sociedad”, basado en “el miedo, la censura y la persecución”.
Durante su intervención, Bródy trazó una cronología del patrón represivo del régimen. Explicó que “la represión en Nicaragua ha cambiado mucho de forma” desde abril de 2018, cuando se produjeron protestas masivas contra reformas a la seguridad social.
En ese momento, detalló, “hubo represión violenta letal contra las protestas masivas, donde la Policía, el Ejército y los grupos progubernamentales usaron fuerza excesiva”, con un saldo de más de 350 muertos.
Posteriormente, explicó que “la represión se hizo más selectiva, y en la fase actual lo que busca el Gobierno es el control total”. Según el jurista, el país se ha transformado en “un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen en el país”, mientras que “aquellos que se atreven a resistir o que simplemente son vistos como opositores enfrentan una vida de apatrida y exilio”.
Bródy también cuestionó la reforma constitucional vigente desde febrero, señalando que eliminó la división de poderes y consolidó una estructura donde la Presidencia concentra la autoridad sin contrapesos.
El experto subrayó que las acciones del régimen pueden ser calificadas como crímenes de lesa humanidad. Afirmó que “el ataque masivo contra la población civil, la persecución por razones políticas continúan”, y señaló que “las desnacionalizaciones, las confiscaciones, forman parte de crímenes de lesa humanidad”.
En ese marco, alentó a las víctimas a documentar las violaciones de derechos humanos sufridas desde 2018 como base para futuros procesos de justicia: “Ningún régimen autoritario es eterno”, afirmó.
El foro en el que participó Bródy contó también con la presencia de María Pía Alvira, directora para América Latina de Civil Rights Defenders, y del experto en justicia transicional Eduardo González Cuevas.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, que se intensificó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el dictador Daniel Ortega fue reelegido ilegítimamente para un quinto mandato —cuarto consecutivo— con los principales candidatos de la oposición encarcelados y posteriormente expulsados del país. A estos opositores se les privó de su nacionalidad y derechos políticos tras ser acusados de “golpistas” y de “traición a la patria”.
(Con información de EFE)
