Londres sancionó a dos iraníes, entre ellos un jefe de contraespionaje de la Guardia Revolucionaria, y convocó al embajador. Teherán lo niega y los siete detenidos siguen en libertad bajo fianza, sin que se hayan detectado explosivos
29 países, entre ellos Estados Unidos, España, Francia y Alemania, respaldaron este lunes la atribución del Reino Unido a Irán de un complot contra la base aérea de Fairford, en el suroeste de Inglaterra. En un comunicado conjunto condenaron los ataques violentos, incendios provocados, sabotajes y ciberataques que atribuyen al régimen iraní en sus territorios.
El comunicado, difundido por el Gobierno británico y firmado por los ministros de Exteriores, no formula una acusación propia. Reconoce las conclusiones de Londres sobre el incidente del 27 de septiembre, que según el Reino Unido demuestra la disposición del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) a actuar fuera de sus fronteras mediante redes clandestinas e intermediarios.
El primer ministro británico, Andy Burnham, fue más lejos ante la Cámara de los Comunes. Afirmó que es altamente probable que el plan se coordinara desde Irán y casi seguro que lo dirigió la Guardia Revolucionaria. El 30 de septiembre solo había hablado de indicios sólidos de una participación iraní.
El ministro de Exteriores, Ed Miliband, convocó al embajador iraní. El Ministerio de Exteriores británico aplicó congelación de activos y prohibición de viaje a Ruhollah Bazghandi, jefe de contraespionaje de la Guardia Revolucionaria, y a Shahram Ali Reza Tamarzadeh Jakki, facilitador de la red criminal Zindashti, vinculada a varios complots contra disidentes iraníes. Burnham prometió más sanciones.
Bazghandi no es un desconocido para Occidente. Estados Unidos lo sancionó en 2023 por su papel en planes de asesinato contra periodistas y otros adversarios de Teherán, y en 2024 la justicia estadounidense lo acusó de participar en el complot para matar a la activista Masih Alinejad.
Los hechos se remontan a la madrugada del domingo 27 de septiembre, cuando la policía antiterrorista detuvo a cinco británicos de una veintena de años en la aldea de Whelford, junto a la base, tras localizar tres furgonetas en la zona. Se declaró un incidente grave y se evacuó a vecinos. Los arrestados quedaron bajo sospecha de preparar un acto terrorista y de delitos relacionados con explosivos.
La policía no detectó explosivos en los vehículos. Después, otros dos hombres fueron arrestados, uno de ellos de unos 25 años y con doble nacionalidad, británica e iraní. Los siete están en libertad bajo fianza y los detalles de la trama siguen siendo escasos.
Irán lo niega. Su embajada en Londres calificó de infundadas y malintencionadas las sospechas y, según la agencia estatal IRNA, Teherán se declaró este lunes dispuesto a cooperar con la investigación británica.
La base ocupa un lugar central en la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán este año. En marzo, el Gobierno británico autorizó el uso de Fairford, donde operan bombarderos estadounidenses B-1, para atacar emplazamientos de misiles iraníes que disparaban contra buques en el estrecho de Ormuz. En julio, la Guardia Revolucionaria declaró la instalación objetivo legítimo.
El comunicado añade que el caso llega poco después de la campaña de atentados en Europa contra comunidades judías, periodistas iraníes e intereses estadounidenses reivindicada por Harakat Ashab al Yamin al Islamiya (HAYI), cuyo nombre se traduce como Movimiento Islámico de la Gente de la Derecha.
El grupo surgió en marzo y reivindicó el incendio del 15 de abril contra una sinagoga del norte de Londres y contra la sede del canal opositor Iran International, así como el apuñalamiento de dos hombres judíos en Golders Green el 29 de abril. Analistas de seguridad lo consideran una fachada vinculada a la Guardia Revolucionaria, aunque no se ha explicado públicamente cómo se organiza.
El respaldo actual supera con holgura al de julio de 2025, cuando 14 gobiernos, España entre ellos, condenaron las amenazas de los servicios de inteligencia iraníes. La lista de ahora suma 25 países europeos, además de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Italia y Polonia no figuran entre los firmantes.
Con Burnham comprometido a ampliar las sanciones, la investigación judicial marcará el alcance real del caso. Mientras los siete detenidos sigan en libertad bajo fianza y la trama carezca de detalles públicos, la atribución a la Guardia Revolucionaria descansará sobre una evaluación política que los 29 gobiernos han decidido hacer suya antes de que un tribunal se pronuncie.
