A cuatro días de la segunda vuelta, el candidato opositor combinó la oferta con un ataque al presidente, a quien acusa de gobernar junto a un juez de la Corte Suprema bajo sospecha por su relación con un banquero preso
El candidato presidencial Flávio Bolsonaro aceptó este miércoles levantar sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos, pero condicionó el gesto a que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva abra los suyos desde 2018. La propuesta consta en un escrito presentado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), cuatro días antes de la segunda vuelta del domingo 25 de octubre.
Según el documento, Bolsonaro abriría los últimos 20 años de sus finanzas y comunicaciones, incluidas las de sus empresas y familiares directos. Su defensa sostiene que la oferta de Lula alcanza solo desde 2018 y que “Brasil quiere todo el cajón”. Exige además que el oficialismo publique los registros de reuniones en el Palacio de Planalto, los vuelos oficiales vinculados a investigaciones recientes y los gastos con tarjetas corporativas de la Presidencia.
Los abogados califican de “mero gesto para las cámaras” abrir solo las cuentas a nombre de Lula, porque, alegan, los rastros de posibles irregularidades estarían en cuentas de terceros, como las de su exjefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro, que dejó el Gobierno en julio bajo sospechas de corrupción.
El desafío surgió en el primer debate televisivo, el domingo 18 de octubre. Lula propuso entregar sus datos a la Justicia Electoral y a la Corte Suprema antes de la votación. El martes presentó la autorización, extensible a su familia y supeditada a que Bolsonaro hiciera lo mismo. Cada oferta depende, así, de la otra.
Ante sus seguidores en Guarulhos, Bolsonaro había rechazado el reto con ironías. “Mi vida es un libro abierto, mi patrimonio se construyó con mucho sudor y trabajo, no como el del hijo de Lula”, dijo, y recordó la condena por corrupción que llevó a Lula a prisión y que fue anulada después.
En el mismo acto afirmó que Brasil “no tiene presidente” porque Lula “comparte el poder” con Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema que instruyó el juicio por el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Acusó al mandatario de nombrar a “sus amigos” en el tribunal, aunque Moraes fue designado por el expresidente Michel Temer. Legisladores aliados recordaron que, si gana, Bolsonaro podrá nombrar a cuatro de los once magistrados.
La Policía Federal identificó 50 mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro, fundador y principal accionista del Banco Master, a un número atribuido a Moraes entre 2023 y el 17 de noviembre de 2024, día de su primera detención. El informe registra además un contrato entre la entidad y el estudio de abogados de la esposa del juez, Viviane Barci de Moraes.
Moraes niega haber conversado con Vorcaro y atribuye la investigación, impulsada por el juez André Mendonça, nombrado por Jair Bolsonaro, a una venganza de aliados de los condenados por atentar contra la democracia. El 15 de septiembre, el pleno de la Corte debía decidir si abrir una investigación formal, pero la sesión se aplazó a pedido de otro magistrado.
El escándalo alcanza a ambos bandos. Según informó The Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro buscó millones de dólares de Vorcaro para financiar una película sobre su padre; el candidato niega irregularidades y afirma que pidió fondos privados para un proyecto privado.
En la primera vuelta del 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos y Lula el 45,16%, según los datos oficiales del TSE. Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo.
El domingo, los brasileños decidirán también el futuro de una Corte Suprema con un caso abierto en su propio seno y que, de ganar Bolsonaro, podría renovar cuatro de sus once integrantes, según sus aliados.
