La reciente decisión del gobierno provincial de prohibir el uso de teléfonos celulares en cárceles y comisarías del Chaco ya generó lamentables consecuencias para las personas privadas de su libertad, especialmente aquellas que buscan reconstruir su vida a través del trabajo y la producción artesanal.
En la Unidad Penitenciaria N°1 del Barrio Don Santiago, en Resistencia, un grupo de mujeres detenidas ha encontrado en las manualidades una forma de superación y sustento. Confeccionan muñecos, títeres y otros productos artesanales que comercializaban a través de Instagram, logrando ventas tanto en Argentina como en el extranjero. Sin embargo, la nueva normativa ha interrumpido este proceso, dejando a las internas sin una herramienta clave para manejar su emprendimiento.
Dos de estas mujeres tenían un negocio de tejidos a mano que vendían exclusivamente por redes sociales. Ahora, sin celular, no tienen forma de gestionar su emprendimiento. Una de ellas logró que un familiar continúe administrando la cuenta y los pedidos, pero no sabe hasta cuándo podrá sostenerse.
El impacto de la medida también afecta la recepción de pagos, ya que las transacciones se realizaban mediante billeteras virtuales. Si no tienen acceso al teléfono, tampoco pueden recibir el dinero de las ventas.
Las artesanías de estas mujeres habían llegado a países como México, Estados Unidos y Paraguay, en gran parte gracias a la colaboración de organizaciones como el Rotary Club de Resistencia. Sin embargo, sin una alternativa viable para gestionar sus redes y sus finanzas, su fuente de ingresos se ve seriamente amenazada.
En un contexto donde la reinserción social y laboral resulta clave para reducir la reincidencia, la imposibilidad de continuar con estos emprendimientos supone un retroceso en los esfuerzos por brindar oportunidades a las personas privadas de libertad.
En este marco, la Defensoría General Adjunta y el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentaron un hábeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia para frenar la restricción del uso de celulares en los centros de detención, argumentando que la medida vulnera derechos fundamentales como la comunicación con familiares, el acceso al trabajo y la reinserción social.
También solicitaron la inconstitucionalidad de la Ley 4033-J y una cautelar que suspenda su aplicación. Desde ambos organismos advirtieron que la prohibición de celulares no solo afecta el derecho a la comunicación, sino que también podría aumentar el acceso clandestino a estos dispositivos, agravando la corrupción en las cárceles.
