La joven de 23 años desapareció en 2017 y un año después la encontraron a orillas del río. Ocho personas son juzgadas, pero no por el femicidio, sino por explotarla sexualmente en la “zona roja” de la capital bonaerense.
Este viernes empezó el juicio oral y público por los delitos que rodearon la desaparición y el crimen de Johana Ramallo, la joven de 23 años que fue vista por última vez en julio de 2017 y cuyos restos mutilados aparecieron un año después en la costa de Berisso.
El debate arrancó a las 9 de la mañana, y se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal Federal N° 2 de La Plata, integrado por los jueces Andrés Basso, Germán Castelli y Nelson Jarazo.
Aunque el femicidio de Johana no será juzgado todavía, ocho personas están siendo enjuiciadas por los delitos de comercio de estupefacientes, explotación sexual, promoción y facilitación de la prostitución ajena, encubrimiento agravado y falso testimonio.
Todos estos cargos surgieron de la investigación por su desaparición, que expuso el funcionamiento de una red de trata y narcotráfico en la denominada “zona roja” platense entre 2016 y 2017.
Entre los acusados está Carlos “El Cabezón” Rodríguez, sindicado como el líder de la organización criminal. Lo acompañan Hernán D’Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez (“La Negra” o “La Misionera”), Paola Erika Barraza (“Tormenta”) y Celia Giménez, con distintos grados de responsabilidad dentro de la estructura delictiva.
La organización operaba en la periferia de la ciudad, captando a mujeres en situación de vulnerabilidad para su explotación sexual y promoviendo el consumo de estupefacientes como forma de control. Johana Ramallo fue una de esas jóvenes.
De la exclusión social a la desaparición: el contexto que rodeó a Johana
Johana trabajaba junto a su madre en el programa estatal “Ellas Hacen”, que les permitía acceder a un ingreso registrado, capacitaciones laborales y la posibilidad de construir sus propias casas. Sin embargo, en 2015 el programa fue desarticulado, dejándolas -como a tantas otras mujeres- en una situación de extrema vulnerabilidad económica y social.
Fue en ese contexto que Johana conoció a la persona que luego la introdujo en la zona roja de la ciudad de La Plata. El 26 de julio de 2017, la joven salió de su casa, le dijo a su mamá que la espere para cenar, pero nunca regresó. Las últimas imágenes que la muestran con vida fueron captadas por las cámaras de seguridad de una estación de servicio ubicada en Avenida 1 y calle 63.
Durante los primeros meses, la búsqueda estuvo a cargo de la fiscal Betina Lacki, bajo una carátula inicial de “averiguación de paradero”, sin considerar otras hipótesis vinculadas a su contexto de vulnerabilidad, ni a una posible red de trata.
Sin embargo, el 20 de septiembre de 2017, Marta Adelina Ramallo, la mamá de Johana, presentó otra denuncia ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, por entender que la desaparición de su hija podía estar vinculada con el delito de trata de personas. Fue así que formularon una inhibitoria al fuero ordinario y se pasó la causa a la Justicia Federal.
Finalmente, en agosto de 2018, más de un año después, aparecieron restos humanos en las playas de Palo Blanco, Berisso. Recién al año siguiente se confirmó oficialmente que pertenecían a Johana.
En la previa al debate, Marta Ramallo expresó su expectativa y dolor: “Este juicio es un paso importante, pero seguimos esperando que se sepa la verdad. Solo se encontró una pierna y un brazo del cuerpo de Johana. Queremos saber qué pasó con ella, dónde está el resto de su cuerpo y quiénes son los responsables”.
Marta remarcó también la violencia institucional y la impunidad con la que debió lidiar la familia desde el inicio de la investigación. Desde agresiones físicas por parte de fuerzas policiales, hasta amenazas, tiroteos y hostigamientos, los episodios denunciados exponen un entramado de poder y encubrimiento que, según ella, protegió a los responsables.
“Yo no me voy a callar. A Johana la desaparecieron, no fue una decisión suya. La captaron, la explotaron, la mataron y la tiraron como basura. Esto fue un narcofemicidio”, denunció Marta, quien también pidió que la causa sea recaratulada como femicidio y trata de personas con fines de explotación sexual.
La investigación judicial por el crimen de Ramallo, impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), acumula más de 67 cuerpos de expediente. El juez Alejo Ramos Padilla fue quien condujo gran parte de la instrucción y el que debe solicitar la elevación de lo que será el segundo juicio.
