En La Mañana de Natagalá, el subsecretario de Derechos Humanos del Chaco, Hugo Maldonado, abordó la reciente resolución del Superior Tribunal de Justicia respecto de la medida cautelar presentada por el Comité contra la Tortura y la Defensoría General, relacionada con el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios de la provincia.
Maldonado aseguró que el Gobierno garantiza el derecho a la comunicación pero también debe velar por la seguridad del conjunto de la sociedad.
“El Poder Ejecutivo no está otorgando beneficios, está gestionando derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales”, aclaró Maldonado, quien representó al Ministerio de Gobierno en dos de las tres jornadas judiciales.
Explicó que actualmente se proveen teléfonos móviles con minutos asignados y que, en paralelo, se está implementando la instalación de teléfonos fijos en las unidades penitenciarias, tal como lo establece la ley.
Además, el funcionario remarcó que la discusión no es sobre el derecho en sí, sino sobre la forma de ejercerlo. “Del otro lado, el planteo es que se debe permitir el uso de celulares porque mejoraron los vínculos con la familia, la educación y el trabajo.
Pero no olvidemos que esto fue una excepción que nació en pandemia, cuando no había visitas ni telefonía fija. No podemos permitir que lo contingente se transforme en permanente sin control”, advirtió.
Maldonado también señaló que existen denuncias e hipótesis sobre el uso indebido de celulares desde las cárceles para cometer delitos, lo que pone en tensión los derechos de los internos con los del resto de la sociedad. “Tenemos que ser responsables y garantizar derechos sin generar nuevos riesgos”, afirmó.
En ese sentido, destacó que su gestión también ha impulsado el acceso a otros derechos fundamentales, como la educación superior. “Sabíamos que iba a implementarse esta ley, pero no nos quedamos de brazos cruzados.
En marzo del año pasado comenzamos a articular con la Facultad de Arte y Diseño de la UNNE y, en noviembre, iniciamos el acercamiento de la oferta educativa a los servicios penitenciarios”, relató. Este año, cinco personas privadas de libertad se inscribieron para cursar carreras de esa facultad, y se trabajó junto a ECOM para garantizarles conectividad y dispositivos.
Asimismo, adelantó que se firmó un convenio con la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) para ampliar la oferta educativa virtual dentro del sistema penitenciario provincial.
Consultado sobre el reciente traslado de internos en Sáenz Peña, que fue grabado y difundido públicamente, Maldonado consideró que “todos los resguardos deben ser tenidos en cuenta” y que, si bien se trató de un operativo para mejorar las condiciones de detención, “también hay que cuidar la dignidad de las personas privadas de libertad, que tienen familia e hijos”.
Finalmente, se refirió al problema estructural de la superpoblación en comisarías, destacando que el gobernador Leandro Zdero visitó recientemente la nueva unidad en construcción en Fontana, que permitirá descomprimir las seccionales policiales.
“Es una situación que se está trabajando permanentemente. El Estado no puede actuar por espasmos. Esto requiere planificación y compromiso”, concluyó.
