El Ministerio de Obras Públicas diseñó un sistema de mantenimiento de las obras de acceso a los puertos del gran Rosario, por donde sale la cosecha.
En los 36 kilómetros de costa ribereña sobre el río Paraná que separan a Rosario de la localidad de Timbúes se concentran 34 terminales portuarias por donde se despachan al mundo el 80 por ciento de la producción cerealera y sus derivados compitiendo en importancia por el primer puesto con el polo portuario de New Orleans. Cada año, por el Gran Rosario, transitan casi dos millones de camiones.
Sin embargo, hace añares que la inversión y el mantenimiento de las rutas que entran a estos puertos es inversamente proporcional a la importancia que tienen para las cuentas nacionales. De esos enigmas difíciles de dilucidar de la política argentina donde pasan los gobiernos, los caminos se deterioran cada vez más y nunca llegan las obras.
En consecuencia, el gobernador Maximiliano Pullaro le ordenó a su ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, al de Economía, Pablo Olivares y al de Producción, Gustavo Puccini, que diseñen un plan para sanear el déficit de infraestructura.
“No sirve hacer las obras y no prever un sistema de mantenimiento sólido y sostenible en el tiempo”, consideró en diálogo con LPO el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Y para comprobarlo alcanza con posicionarse con el Street View en algún camino a los puertos para ver el estado de la calzada (ver abajo ingreso a la cerealeras de Timbúes).
Para revertir esta situación, el gobierno proyecto el Circuito de Ingresos a Puertos -CIP- un esquema de administración por concesión de única para el ingreso y tránsito por los 380 kilómetros de rutas que unen los distintos puertos, similar al sistema de Biobio de Chile.
Biobío tiene seis terminales marítimas de uso público y cuatro privadas entre las que se encuentran los puertos de Talcahuano, San Vicente, Lirquén y Penco entre los más importantes y los camiones pagan una tarifa para ingresar a cualquiera.
Un esquema similar propone Pullaro para reemplazar la “tasa vial”, un peaje que cobran los municipios de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes por donde pasan el grueso de camiones.
Desde hace años que desde la cadena agroexportadora se oponen a esta tasa y aseguran que es ilegal su cobro. “Hay que ordenar el tema, avanzar en una concesión a largo plazo que se va a establecer a través de una ley especial que permita recaudar un peaje y volcarlo en las más de 39 obras previstas en la región de gran magnitud y el mantenimiento de todo el sistema”, explicó el ministro Enrico.
El funcionario radical adelantó a LPO que en el valor de la tarifa, que aventura podría ser de un dólar por tonelada transportada, se contemplan fondos para los municipios y comunas para que se garanticen los servicios municipales en las zonas de ruta que le sea de su jurisdicción.
“Vamos a empezar a hablar con diferentes sectores para que en este esquema de concesión se recaude para obras y mantenimiento con el peaje y el aporte de las terminales agroexportadoras”, señaló Enrico.
“Hay que avanzar porque Nación no hace nada, la provincia hace las obras pero no recauda nada y los municipios que no tienen jurisdicción ni arreglan las rutas son los que cobran la tasa”, ilustró el ministro que ahora busca revertir la situación.
