En el juicio oral que comienza este miércoles en el Tribunal Oral de Resistencia, la exsecretaria de Asuntos Municipales de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, está imputada como autora del delito de defraudación al Estado. Se la acusa de direccionar al Municipio de Quitilipi a contratar con un proveedor y pagar sobreprecios. El antecedente de la condena por el caso PIMP.
Desde este miércoles, Aída Ayala enfrenta su segundo juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia. En este caso llega acusada por el delito de fraude contra la administración pública durante su paso como Secretaría de Asuntos Municipales de Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri. Ayala ya fue condenada por el delito de fraude a la administración pública durante su desempeño como intendenta de la ciudad de Resistencia en el juicio por el caso PIMP.
En el caso que se juzga a partir de este miércoles, los imputados están acusados de defraudar al Estado Nacional mediante la manipulación de contrataciones públicas. Aida Ayala, en su cargo de Secretaria de Asuntos Municipales que dependía del Ministerio del Interior de la Nación, a cargo de Rogelio Frigerio, habría direccionado fondos estatales a través de un convenio con el municipio de Quitilipi para la compra de herramientas y maquinarias a precios inflados, beneficiando a Claudio Tolosa, propietario de la firma Service Hogar.
El delito imputado es “Fraude en perjuicio de la administración pública” (Artículo 174, inciso 5 del Código Penal)
Agravantes: Ayala, Balmaceda Paiva y Vilte actuaron como funcionarios públicos, lo que implicaría inhabilitación especial perpetua adicional.
Imputados y roles
Aida Beatriz Ayala: Autora principal, utilizó su posición para facilitar las contrataciones irregulares.
Matías Balmaceda Paiva (abogado) -apareció en la causa PIMP- y Miguel Ángel Vilte (contador) -apareció en la causa Lavado I-: Partícipes necesarios; actuaron como asesores en el municipio de Quitilipi, vinculando las operaciones con Tolosa.
Claudio Alejandro Tolosa: Proveedor beneficiado; recibió fondos estatales por montos exorbitantes sin justificación comercial.
Pruebas clave
Documentación: convenios, órdenes de compra, informes bancarios y rendiciones de cuentas que evidencian sobreprecios.
Testimonios: declaraciones de intendentes y exintendentes, entre ellos el denunciante Sergio Casalboni, de Quitilipi, quién en 2018 denunció los hechos ante la Justicia Federal, y funcionarios que confirman el direccionamiento de fondos.
Informes Técnicos: comparativos de precios que demuestran sobrevaloración en las compras.
Condenada por el caso PIMP
Hace un año, Ayala fue condenada a una pena de prisión en suspenso por defraudación a la administración pública en la causa conocida como “PIMP” o “Lavado II”. En el veredicto, los jueces del TOF señalaron que Ayala “ejerció sus distintos mandatos de manera discrecional y hasta puede decirse indiscriminadamente, al menos en el manejo financiero durante el tiempo que permaneció al frente de la Municipalidad de Resistencia”.
“Tuvo un sitial de privilegio en lo institucional, con un más que amplio margen para influir en la toma de decisiones y direccionar vínculos con un más que ávido conjunto de empresarios”, indica la sentencia del TOF.
