La Legislatura provincial aprobó en la última sesión de mayo el proyecto de Ley, impulsado por la diputada Mariela Quirós, que prohíbe el alquiler temporario de las viviendas sociales entregadas por el Instituto de Viviendas del Chaco.
En un contexto de creciente crisis habitacional, donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más difícil para cientos de familias chaqueñas, esta ley viene a reafirmar el propósito con el que esas viviendas fueron concebidas, que es el de garantizar un derecho.
“Una vivienda social no es una oportunidad financiera. Es un derecho”, enfatizó la diputada Mariela Quirós al defender el proyecto. Quirós presentó el proyecto, que modifica el Artículo 5 de la Ley 780-H, junto a los diputados Nicolás Slimel y Rodrigo Ocampo. Con esta modificación, la Ley incorpora específicamente la figura del alquiler temporario como una práctica prohibida para quienes hayan sido adjudicatarios de viviendas construidas por el Estado provincial. También establece la obligación de inscribir el inmueble como bien de familia, en línea con el Artículo 244 del Código Civil y Comercial de la Nación, para evitar cualquier uso especulativo del mismo.
Mariela Quirós planteó que en los últimos años, con la expansión de plataformas como Airbnb o Booking, se detectó la creciente utilización de viviendas sociales como unidades de alquiler turístico, muchas veces ofrecidas a personas que ni siquiera residen en la provincia.
Esta práctica no solo contradice el espíritu del acceso justo a la vivienda, sino que contribuye directamente al encarecimiento del mercado inmobiliario tradicional y al agravamiento del déficit habitacional.
“En un país donde hablar de derechos parece demodé, defender la vivienda como un bien social es también un acto de soberanía cultural y política. No vamos a permitir que se mercantilice lo que debe ser un derecho humano básico”, enfatizó la legisladora.
La ley aprobada establece que, en caso de detectarse este tipo de alquileres, se aplicarán las sanciones contempladas en el artículo 17 de la norma vigente, incluyendo el recupero de la vivienda para ser reasignada a familias que realmente la necesiten.
Con esta iniciativa, Mariela Quirós vuelve a poner en el centro del debate legislativo la función social de la vivienda y la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a un hogar digno, especialmente en momentos donde las políticas públicas de vivienda se ven desarticuladas a nivel nacional.
