La administración del gobernador Leandro Zdero se encuentra en el centro de una creciente polémica tras la designación de la piquetera Graciela Liliana Blanco como personal de Gabinete, un cargo que, según las estimaciones, le otorgaría una remuneración mensual cercana a los $2 millones mensuales.
La medida ha generado cuestionamientos no solo por el elevado monto en un contexto de estrechez económica provincial, sino también por la retroactividad de su contrato y el perfil de la designada.
Según el decreto que propició su nombramiento decreto 1005/2025), Blanco (DNI 31.749.077), fue designada para cumplir funciones como colaboradora del Presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Florencio Díaz.
Los puntos centrales de la controversia tienen que ver tanto con el carácter de dirigente piquetera como con la retribución económica de la designación: el decreto establece que percibirá una remuneración mensual equivalente al 90% del nivel de un subsecretario. Además, si bien el decreto tiene fecha del 17 de junio, la designación es retroactiva al 5 de abril de 2025.
Blanco, la “piquetera oficialista”, es presidenta de la Fundación “Jedidías”, una organización social que hasta 2023 mantuvo una activa presencia en la calle.
Esta designación podría orientar varias preguntas, pero una central: ¿Es por este tipo de nombramientos que no hay cortes de calle en la provincia?
Esta posibilidad sugiere una posible vinculación entre la designación y la disminución de la conflictividad social, interpretada como una estrategia del gobierno para asegurar la lealtad de ciertos movimientos sociales.
Este nombramiento de alto perfil y elevado costo ocurre en un momento de severas restricciones financieras para la provincia. Este contexto de crisis y con el telón de fondo de reclamos salariales y presupuestarios de otros sectores, plantea interrogantes sobre la priorización del gasto público y la transparencia en la gestión de los recursos provinciales.
ESCHACO
