La Cámara de Diputados aprobó la Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, más conocida como “Ley Garrahan”, con 159 votos afirmativos, 67 en contra y 4 abstenciones. A diferencia del financiamiento universitario, que quedó a un voto de alcanzar los dos tercios, en este caso fueron superados. El proyecto deberá ser aprobado por la Cámara Alta para tener sanción definitiva.
El respaldo a la iniciativa cruzó a diversos bloques opositores: votaron a favor Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y casi todo Encuentro Federal, con la excepción del chubutense Jorge Ávila, que se abstuvo. Los salteños de Innovación Federal acompañaron, mientras que los legisladores de Misiones y Río Negro se ausentaron. A diferencia de lo ocurrido en el debate universitario, esta vez ambos santacruceños cercanos al gobernador Claudio Vidal votaron afirmativamente.
La UCR votó dividida, con una mayoría en contra y algunos legisladores que suelen desmarcarse acompañando la iniciativa. El PRO votó mayoritariamente en contra, pero volvieron a votar a favor Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González. La Libertad Avanza y sus aliados rechazaron el proyecto en bloque. El dato más saliente fue el giro de María Eugenia Vidal, que esta vez se distanció de su espacio y votó a favor, tras haberse manifestado en contra del financiamiento universitario.
El proyecto declara por un año la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica y habilita la reasignación de fondos y reservas para insumos médicos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial. También prevé la recomposición salarial inmediata para los trabajadores de salud pediátrica —incluidos los residentes— con ingresos reales no inferiores a los de noviembre de 2023. A su vez, se exime del pago de Ganancias a quienes realicen tareas críticas, guardias u horas extras, y se deroga la Resolución 2109/25 que transformaba el régimen de residencias en un sistema de becas.
Durante el debate, el diputado tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria), miembro informante del proyecto, advirtió: “La salud de ningún niño argentino puede ser sacrificada por ningún equilibrio fiscal”. Señaló que el Hospital Garrahan atraviesa una situación crítica por la falta de insumos, el deterioro salarial y la paralización de obras, y remarcó que en lo que va del año 355 mil niños de todo el país se atendieron allí.
El oficialismo rechazó el proyecto en bloque, con el argumento de que afectaría el equilibrio fiscal. La diputada Lilia Santillán defendió esa postura afirmando que “no hay desfinanciamiento, se están poniendo las cuentas en orden”, y responsabilizó a la gestión anterior por la crisis en el sistema.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que igualar los salarios del personal pediátrico y residentes al nivel de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de $65.573 millones en el segundo semestre, y más de $133 mil millones anuales. También advirtió que no existen partidas específicas para emergencias sanitarias.
Aunque el costo fiscal fue el principal argumento en contra, para buena parte del arco opositor el deterioro del sistema de salud infantil y de las condiciones de trabajo en hospitales como el Garrahan justifican plenamente la emergencia.
