La comisión votará e intentará acordar las primeras medidas de prueba. En la previa, ya presentaron un documento con todos los datos recabados
El futuro de la Comisión Investigadora $Libra se definirá esta tarde, cuando los diputados que la integran establezcan el reglamento que regirá su funcionamiento hasta diciembre, fecha en la que expira su mandato. Este encuentro marca el debut de Maximiliano Ferraro como presidente, tras un extenso período de inactividad provocado por el bloqueo de los legisladores de La Libertad Avanza, la UCR y el PRO, que solo permitió una reunión previa con especialistas en criptomonedas.
La sesión de hoy tiene como objetivo central acordar las primeras medidas de prueba y delimitar el alcance de las facultades de la comisión, en particular la potestad de convocar a funcionarios mediante el uso de la fuerza pública si se niegan a comparecer.
La atención se concentra en la estrategia a seguir respecto de los funcionarios nacionales señalados en la investigación. Un sector impulsa la interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Pero otros diputados proponen un enfoque más gradual, sugiriendo que inicialmente se le envíen preguntas para que responda por escrito, reservando la citación directa como último recurso.
El oficialismo, por su parte, ha decidido no participar en la comisión, argumentando que el plazo para la investigación ya ha expirado, lo que anticipa un trámite sin mayores obstáculos para la aprobación del reglamento y las primeras acciones.
En la antesala de la reunión, los diputados opositores que integran la Comisión Investigadora $Libra difundieron un comunicado en el que exponen el estado actual del caso. El informe, firmado por Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Pablo Carro, Christian Castillo, Mariela Coleta, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Ana Carolina Gaillard, Itai Hagman, Juan Marino, Nicolas Massot, Sabrina Selva, Julia Strada y Rodolfo Tailhade, sostiene que la presunta estafa recibió “el impulso esencial del entonces presidente Javier Milei, quien publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter) promoviendo el contrato de la moneda, actuación sin la cual no se habría concretado el fraude”.
El documento enfatiza que, aunque la eventual responsabilidad penal de Javier Milei corresponde a la Justicia, su intervención resultó imprescindible para la maniobra, calificándola como “participación primaria” desde el punto de vista penal.
Los diputados detallan que las investigaciones preliminares identifican una maniobra de “rug pull”, en la que los desarrolladores lanzan un activo cripto, lo promocionan —en este caso con respaldo presidencial—, captan fondos y luego abandonan el proyecto, apropiándose del dinero invertido.
Entre los hallazgos, el informe destaca la detección de “al menos 74 billeteras virtuales que compraron $LIBRA con anticipación al tuit presidencial, sugiriendo acceso a información privilegiada”, así como “grandes transferencias acompañaron reuniones en la Casa Rosada entre Milei y actores clave”.
En el plano judicial, los diputados informan que en Argentina se desarrolla un proceso que incluye allanamientos, congelamiento de bienes y pedidos de información bancaria sobre Milei y su entorno, mientras que en Estados Unidos avanza una demanda colectiva impulsada por damnificados, con la presentación de pruebas que involucran a miembros del Poder Ejecutivo.
Respecto a las explicaciones oficiales, el comunicado señala que las defensas públicas del Presidente y de funcionarios como el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “no respondieron a detalles clave de la operatoria ni esclarecieron el origen de la información utilizada para promover $LIBRA”. El texto también subraya la existencia de contradicciones en las declaraciones oficiales, registros de ingresos de los principales implicados a la Casa Rosada y testimonios que refuerzan la sospecha de una coordinación deliberada para promover $LIBRA pese a advertencias sobre los riesgos y antecedentes de quienes impulsaban el proyecto.
El documento concluye que está “suficientemente acreditado que existió una maniobra fraudulenta e incompatible con normas de ética pública, impulsada con apoyo clave del entorno presidencial, con secuelas judiciales y políticas de alcance internacional”. El caso permanece abierto tanto en la justicia argentina como en tribunales federales estadounidenses, y la investigación continúa en curso.
