Lo solicitó la Defensoría General Adjunta del Poder Judicial chaqueño. Es por el incumplimiento de la medida cautelar que ordenó al gobierno de Leandro Zdero suministrar alimentos y agua potable de manera “accesible, continua y suficiente” al pueblo Wichí de El Impenetrable. En total, se pide el embargo de los fondos coparticipables hasta cubrir la suma de $1.374 millones en concepto de astreintes.
La Defensoría General Adjunta del Poder Judicial solicitó al juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich, el embargo de parte de los fondos de coparticipación federal de la provincia del Chaco. El pedido se fundamenta en el incumplimiento por parte del gobierno de Leandro Zdero de la medida cautelar que ordenaba garantizar agua potable y alimentos al pueblo Wichí en El Impenetrable.
El 18 de marzo pasado, Sinkovich dispuso que el Ejecutivo provincial debía asegurar el suministro regular de estos recursos vitales. Tras constatar la falta de cumplimiento, el 22 de agosto el magistrado impuso una multa —o astreinte— de más de $85 millones diarios a favor de las comunidades. Sin embargo, la provincia no solo no acató la orden, sino que tampoco abonó los importes acumulados.
Para la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, esta conducta configura una “abierta desobediencia judicial” y provoca una “gravísima afectación” de derechos fundamentales como la vida, la salud y la alimentación de las comunidades indígenas. En su presentación, calculó que la deuda por astreintes, hasta el 10 de septiembre, asciende a $1.374 millones más intereses.
Según pudo saber LITIGIO, la solicitud de embargo incluye la aprobación de la liquidación total de la deuda y la orden de librar oficio al Banco Nación en Resistencia para retener y transferir los fondos a una cuenta judicial. Además, pide reservar la posibilidad de futuras ampliaciones si persiste el incumplimiento.
“Familias enteras en riesgo”
La Defensoría acompañó su pedido con un comunicado emitido por el pueblo Wichí en asamblea realizada el 6 de septiembre en Sauzalito. En el documento, caciques y referentes comunitarios alertan que la vida de niños, ancianos y familias “está en riesgo” y acusan al gobierno provincial de apelar las sanciones económicas en lugar de cumplir la orden judicial.
“Seguimos sin lo esencial. Invitamos a quienes duden a venir al Impenetrable para comprobar que decimos la verdad”, expresaron. El escrito reafirma que el reclamo no responde a intereses políticos sino a la necesidad básica de agua y alimentos, e insiste en que las decisiones deben tomarse en el territorio y con participación de todas las comunidades.
El comunicado, firmado por los caciques Zenón González, Américo Quiroga y Miguel Gómez, entre otros, ratifica el mandato a la Defensora Adjunta para que los represente en todas las instancias judiciales.
La respuesta
En paralelo, la Defensoría contestó el recurso de revocatoria y apelación presentado por la Fiscalía de Estado contra las astreintes. Gauna Wirz defendió la sanción y remarcó que está “plenamente ajustada a derecho”.
Los informes oficiales, señaló, muestran que la distribución de agua se limita a cabeceras urbanas y a entregas esporádicas, sin datos claros sobre frecuencia o volúmenes. En cuanto a alimentos, el Ministerio de Desarrollo Humano reportó módulos de asistencia, pero las comunidades sostienen que solo reciben una caja cada tres meses. Además, un informe estatal reconoce 364 niños con bajo peso en seguimiento nutricional en la zona.
Un análisis de la “Caja Ñachec” reveló que su contenido apenas alcanza para alimentar a una familia de cuatro personas durante tres o cuatro días. “La discontinuidad y la cobertura parcial derivan en inseguridad alimentaria y desnutrición, especialmente en niños y ancianos, lo que ya ocurre con los Wichí”, sostuvo Gauna Wirz.
La funcionaria recordó que el monto de la multa diaria se fijó en función del costo de la Canasta Básica Alimentaria para unas 20 mil personas afectadas. Por eso, insistió, no es arbitrario, sino proporcional al daño que intenta evitarse.
El origen
La causa se inició en diciembre de 2024, cuando la Defensoría presentó un amparo solicitando asistencia urgente. En enero, durante la feria judicial, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) pidió ampliar su alcance a los Wichí de El Sauzalito, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y otros parajes.
En marzo, el juez Sinkovich ordenó garantizar un suministro “continuo, oportuno y adecuado” de agua y alimentos. Sin embargo, los informes oficiales evidenciaron que la ayuda fue esporádica y limitada. Ante esa situación, el magistrado aplicó las sanciones económicas.
Pese a los recursos presentados por la Fiscalía de Estado, que calificó la causa de “abstracta” y con un sesgo “mediático”, la Defensoría y las comunidades aseguran que la crisis se agravó: comedores cerrados, distribución irregular de alimentos y falta de agua potable en los parajes más afectados.
“El enfoque de derechos humanos exige que la asistencia alimentaria sea accesible, continua y suficiente”, recordó Gauna Wirz, y advirtió que la falta de cumplimiento por parte del Estado chaqueño está generando un daño irreparable en la vida de los pueblos originarios.
Revista Litigio
