El Gobierno del Chaco anunció que a partir del 12 de enero de 2026 la tarifa del transporte urbano de pasajeros ascenderá a $1.885 por boleto, mientras se jacta de aportar más de $1.800 millones mensuales en subsidios para sostener el sistema. Sin embargo, detrás de las cifras y los discursos oficiales, la realidad que enfrentan los trabajadores y ciudadanos chaqueños es otra: un servicio deteriorado, frecuencias reducidas y un costo que pulveriza salarios.
La llamada Tarifa Técnica fue fijada en $2.936, pero el Estado provincial se atribuye el mérito de “reducir” el impacto en el bolsillo de los usuarios. Lo que no dice es que, en apenas dos años, el boleto pasó de costar menos de $100 a superar los $1.800, un aumento que no se tradujo en mejoras visibles ni en calidad de servicio. Los colectivos siguen circulando con menos unidades, incumpliendo pliegos y obligando a los ciudadanos a recurrir a plataformas alternativas como Uber o Cabify.
El costo de ir a trabajar
La situación es dramática para quienes cumplen horario comercial: $7.540 por día en transporte, lo que equivale a $211.000 al mes. En un contexto donde muchos trabajadores no alcanzan siquiera el millón de pesos de salario, el transporte público se convierte en un lujo, no en un derecho. El discurso oficial sobre “sostener el sistema” se estrella contra la realidad de bolsillos vacíos y familias que deben elegir entre viajar o comer.
Subsidios que no alcanzan
El gobierno provincial exhibe con orgullo un 40% de aumento en subsidios, pero ese esfuerzo no logra revertir el deterioro del servicio ni la pérdida de confianza ciudadana. Los aportes nacionales, además, han caído, y la provincia se limita a cubrir lo mínimo exigido por la ley. Mientras tanto, las empresas concesionarias reducen frecuencias y operan con bajos porcentajes de unidades, dejando a miles de usuarios sin alternativas.
Un modelo que destruye
El balance de fin de año es lapidario:
– 860 empresas cerradas
– 600 trabajadores estatales despedidos
– Resistencia, señalada como la ciudad más pobre del país
– El boleto a $1.800
La gestión no solo fracasó en sostener lo poco que había, sino que profundizó la crisis. El transporte público, que debería ser un motor de inclusión y movilidad social, se transformó en un símbolo del retroceso. El relato oficial habla de “cumplimiento” y “competitividad empresarial”, pero la experiencia cotidiana de los ciudadanos muestra un Estado ausente y una política que rompe lo que quedaba en pie.
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