Diputados de la Coalición Cívica y el socialismo presentaron un recurso para pedir la inconstitucionalidad del decreto. Lo impugnan por falta de urgencia y por introducir cambios en materia penal.
La oposición se mueve en la Justicia contra el DNU 941/2025, el decreto con el que el Gobierno reformó la estructura de la SIDE y le otorgó, entre otras facultades, la posibilidad de detener personas.
Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto con Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentaron una acción de amparo acompañada por una medida cautelar para que el decreto quede suspendido mientras la Justicia analiza su validez.
El expediente fue sorteado y quedó bajo la órbita del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la jueza Rita Alián.
En la presentación, los legisladores cuestionan al Ejecutivo por haber modificado la Ley de Inteligencia Nacional a través de un DNU. Sostienen que no existió una situación real de urgencia que justificara saltear al Congreso y remarcan que, además, el decreto legisla en materia penal, un campo que —afirman— está expresamente vedado al Presidente.
El planteo judicial también alerta por la centralización de las tareas de espionaje en la órbita presidencial y por el riesgo de que el nuevo esquema derive en persecución política y en una militarización de la seguridad interior.
Otro punto central del escrito es la crítica a la posibilidad de que el personal de inteligencia pueda realizar detenciones. Para los diputados, esa potestad pertenece exclusivamente a las fuerzas policiales y su extensión a la SIDE vulnera el debido proceso y los derechos humanos.
La cautelar presentada arranca por el tema del tiempo. Según argumentan, el Ejecutivo tenía alternativas para tramitar las reformas sin recurrir al decreto: podía incluirlas dentro del temario de extraordinarias o incluso prorrogarlas. “Estamos frente a la construcción política de una necesidad y una urgencia que carecen de todo correlato fáctico. Por ende, este Decreto no sobrevive al más mínimo test de control de constitucionalidad”, sostienen.
Luego, el escrito se detiene en el contenido del DNU. Los firmantes afirman que la iniciativa “politiza la inteligencia” y ponen como ejemplo el traslado de la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete, mediante la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que quedará bajo la conducción de Manuel Adorni.
De acuerdo con su planteo, los cambios “introducen una absoluta y total centralización bajo una misma estructura, toda dependiente del Poder Ejecutivo”, con el riesgo —dicen— de perder independencia y objetividad en la producción de inteligencia estratégica. Desde esa óptica, alertan que el organismo podría convertirse “en una herramienta de persecución de periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, todo bajo la fachada de ‘seguridad estratégica’”.
Los diputados también insisten en que el otorgamiento de facultades de aprehensión a los agentes de inteligencia supone legislar en materia penal a través de un decreto. “Cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado”, advierten. Y agregan que las definiciones amplias sobre inteligencia y contrainteligencia “generan un efecto inhibidor sobre el ejercicio de derechos políticos y de la libertad de expresión, especialmente en contextos de protesta social o disenso político”.
El planteo judicial cuestiona, además, que el decreto disponga que “todas las actividades de inteligencia son encubiertas”. Según los demandantes, esa redacción va a contramano del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y profundiza la falta de transparencia del sistema.
La estrategia del Gobierno
El DNU lleva la firma de Javier Milei y de todo su gabinete. Se publicó el último día hábil del 2025, un día después de finalizadas las sesiones extraordinarias, cuando el Congreso ya estaba en receso.
Ese contexto desató un rechazo inmediato en distintos bloques opositores, que reclamaron la rápida constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para revisar la norma. Sin embargo, el oficialismo busca postergar el debate y calcula recién febrero como horizonte para su tratamiento.
La comisión en cuestión es permanente, por lo que podría reunirse aun con el Parlamento en receso. Pero debe integrarse nuevamente luego de la renovación de las cámaras, algo que depende de Martín Menem, en Diputados, y de Victoria Villarruel, en el Senado. Desde La Libertad Avanza ya adelantaron que, al menos durante los primeros días de enero, el Congreso no abrirá.
