La bancada radical-libertaria llevó al recinto una resolución que expresa “profunda preocupación” por lo que llama intentos de desestabilización, pero sin precisar ni un solo hecho concreto. La iniciativa llega días después de que el propio gobernador acusara al peronismo de tener un “gen golpista”.
Un proyecto de resolución llamó la atención este miércoles en la Legislatura chaqueña: impulsado por el diputado oficialista Edgardo “Tati” Reguera y firmado por toda la bancada del interbloque Chaco Puede, el texto propone que la Cámara de Diputados exprese su “profunda preocupación” ante las “constantes acciones de hostigamiento político, intentos de desestabilización institucional y permanentes obstáculos impulsados por sectores de la oposición” que, según sostiene, afectan el funcionamiento del gobierno de Leandro Zdero.
El proyecto tomó estado parlamentario en la sesión ordinaria de hoy. Su particularidad más llamativa es que en ninguno de sus artículos ni en sus fundamentos se menciona un solo hecho, acción o episodio concreto que respalde la acusación. No hay nombre, fecha ni referencia específica: solo la afirmación genérica de que la oposición tiene “una actitud sistemática de confrontación y obstaculización” desde el inicio de la gestión.
En línea
La iniciativa no surge en el vacío. El 18 de mayo pasado, en el marco del escándalo por la detención del periodista Fernando Ojeda en Margarita Belén —retenido casi siete horas en una comisaría luego de intentar hacerle preguntas al gobernador durante un acto oficial—, Zdero salió a la ofensiva y acusó a la oposición de llevar adelante una “campaña estratégica” en su contra. “Yo lo llamo el ‘gen golpista’ que tiene la oposición, que de alguna u otra manera siempre trata de empujar”, dijo el mandatario, trazando una línea entre las críticas políticas actuales y lo que calificó como una tradición histórica de desestabilización del peronismo.
El proyecto de Reguera parece ser la traducción legislativa de ese discurso. Sus fundamentos sostienen que “cuando determinadas conductas buscan erosionar de manera permanente la gobernabilidad, generar incertidumbre social o paralizar medidas de gestión, se afecta directamente el interés general”, aunque sin especificar cuáles serían esas conductas en el caso chaqueño.
El contexto
Lo que el texto no menciona es la coyuntura política que rodeó su presentación. La semana previa, la detención de Ojeda había generado un repudio amplio: la Comisión Provincial por la Memoria Chaco calificó el hecho de “arbitrario e ilegal” y advirtió sobre un “preocupante retroceso democrático”; el Sindicato de Prensa del Chaco señaló que usar el Código de Faltas contra un periodista en ejercicio es un “mecanismo de amedrentamiento”; y la oposición puso el foco en los temas que el cronista quería consultar: la deuda de la cláusula gatillo con docentes, la crisis del agua en Margarita Belén y el escándalo de una falsa médica que atendió a más de 1.200 pacientes en Quitilipi.
En ese contexto, el proyecto oficialista no propone investigar nada ni impulsar ninguna medida concreta. Su único efecto práctico, si fuera aprobado, sería que la Cámara envíe una copia al Poder Ejecutivo provincial.
REVISTA LITIGIO
