Durante su intervención, señaló que la deuda pública pasó de USD 368.225 millones al 31 de diciembre de 2023 a USD 494.191 millones al 30 de abril de 2026, lo que representa un incremento de USD 125.966 millones. En ese contexto, cuestionó que el Gobierno impulse pagos en dólares a fondos que permanecieron fuera de las reestructuraciones mayoritarias sin una estrategia integral de deuda.
Para Capitanich, el proyecto expresa una decisión política inadmisible: pagar en dólares a fondos que apostaron contra la reestructuración argentina, mientras crece la deuda pública y el Estado enfrenta restricciones para financiar prioridades sociales, productivas y estratégicas.
El senador remarcó que las reestructuraciones de 2005 y 2010 contaron con una adhesión mayoritaria de acreedores que aceptaron quitas, plazos y nuevas condiciones de pago. Frente a ello, advirtió que otorgar condiciones particulares a quienes quedaron fuera de esos procesos y litigaron contra la Argentina debilita la lógica de las reestructuraciones soberanas y premia una conducta especulativa.
También vinculó el debate actual con la experiencia de 2016, cuando el pago a los fondos buitre fue presentado como una solución definitiva para normalizar el acceso al crédito. Según planteó, esa política no resolvió la restricción externa ni evitó nuevos ciclos de endeudamiento.
En el plano jurídico, Capitanich sostuvo que la prórroga de jurisdicción extranjera no implica renunciar automáticamente a la inmunidad de ejecución ni desplazar las defensas que conserva el Estado argentino. Además, recordó que sigue vigente la Ley 27.207, que declaró de orden público nacional los principios de Naciones Unidas sobre reestructuración de deuda soberana.
La posición del dictamen de minoría fue clara: no se trata de desconocer la posibilidad de negociar, sino de rechazar acuerdos parciales que consolidan beneficios para fondos especulativos, afectan la equidad frente a los acreedores que aceptaron los canjes y condicionan la política de deuda pública argentina.
Capitanich planteó que la Argentina necesita una política de deuda transparente, sustentable y soberana, que defienda el interés nacional, respete a quienes participaron de las reestructuraciones y no vuelva a colocar al Congreso frente a pagos individuales impuestos por la presión de fondos buitre.
