La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había flexibilizado la suspensión de los cambios de uso de suelo en la provincia. El fallo fue celebrado por organizaciones ambientalistas.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la protección judicial de los bosques nativos del Chaco al anular por unanimidad la decisión que había permitido flexibilizar la suspensión de los desmontes en la provincia. Asimismo, reestableció la prohibición de otorgar nuevos permisos para cambiar el uso de suelo.
La medida implica, en los hechos, que vuelve a regir plenamente la cautelar dictada en 2024 para frenar el avance sobre los bosques nativos.
Además del impacto inmediato sobre los desmontes en Chaco, el fallo sienta un precedente para otros conflictos ambientales del país. La Cámara reafirmó que los principios de prevención y precaución deben guiar las decisiones judiciales cuando están en juego bienes colectivos como los bosques nativos, incluso cuando todavía no se hayan producido daños irreversibles.
La decisión fue celebrada por la ONG Aves Argentinas, que destacó que la sentencia reafirma que los principios del derecho ambiental no son simples declaraciones teóricas sino herramientas concretas que deben orientar las decisiones judiciales y administrativas.
Entre los aspectos más relevantes, el tribunal fortaleció la aplicación de los principios precautorio, preventivo, de no regresión, in dubio pro natura y de tutela judicial efectiva. En otras palabras, dejó sentado que los jueces no deben esperar a que el daño ambiental se produzca para intervenir cuando existen indicios de que puede ocurrir.
Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. La Cámara sostuvo que la sanción de nuevas normas provinciales —en este caso las leyes 4005-R y 4152-R— no constituye por sí sola una razón suficiente para levantar una medida cautelar ambiental. Para hacerlo, señaló, debe demostrarse que los cambios normativos no reducen el nivel de protección alcanzado previamente, algo que no quedó acreditado en este caso.
La Cámara también rechazó el argumento de que la intervención de la Justicia federal implicara una intromisión en competencias provinciales y recordó que el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano. Además, cuestionó que los controles quedaran en manos de organismos cuyos funcionarios están bajo investigación por presuntas irregularidades en la autorización de desmontes.
Para Aves Argentinas, el fallo pone en evidencia problemas estructurales detrás de la deforestación ilegal, como controles deficientes, sanciones poco efectivas y fallas en la fiscalización de la actividad forestal. La organización señaló además que monitoreos satelitales independientes detectaron desmontes incluso durante la vigencia de la cautelar judicial.
La entidad también rechazó la idea de que la conservación de los bosques sea incompatible con el desarrollo económico. Sostuvo que actividades como el aprovechamiento forestal sostenible, la apicultura, el turismo de naturaleza y la restauración ecológica pueden generar empleo e ingresos sin comprometer los ecosistemas.
Fuente: TN
