En el marco del concurso de precios para contratar durante 48 meses una consultoría integral sobre la Administración Tributaria Provincial, la correntina Karstec SA impugnó el proceso. Denunció que tuvo apenas unos pocos días hábiles para elaborar su propuesta y que Fiduciaria del Norte rechazó sus pedidos de prórroga sin contemplar la complejidad de la tarea requerida. El planteo se suma a las sospechas de direccionamiento del concurso, en el que las empresas vinculadas a Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, aparecen como claras favoritas para quedarse con un negocio superior a los $30 mil millones que pagará el Estado chaqueño.
Por Bruno Martínez
La sospecha de que el concurso de precios para una “modernización” integral del organismo tributario provincial estuvo direccionado en favor de empresas vinculadas al presidente de River Plate sumó un nuevo indicio.
LITIGIO accedió al texto completo de la impugnación presentada por una empresa correntina que quedó afuera del proceso y que denunció graves irregularidades vinculadas con los irrazonables plazos establecidos por la Fiduciaria del Norte para preparar una oferta destinada a una tarea de alta complejidad, que se desarrollará durante cuatro años.
Se trata de Karstec SA, fundada por los hermanos Hermann Rodolfo y Cristian Enrique Karsten. La empresa presentó su impugnación ante la Fiduciaria del Norte el 31 de agosto, el mismo día en que se realizó la apertura de sobres del Concurso Público N° 01/2026, que tiene como objetivo contratar durante 48 meses una consultoría integral en sistemas y procesos tributarios, Business Intelligence e integración Catastro-Tributaria para la Administración Tributaria Provincial (ATP).
Según surge de la presentación, Karstec cuestionó las negativas de la Fiduciaria del Norte a sus pedidos de prórroga y sostuvo que las condiciones establecidas le impidieron elaborar una propuesta acorde con la complejidad y magnitud del servicio requerido.
Uno de los principales cuestionamientos de la empresa correntina está relacionado con los tiempos. Para graficarlo, la empresa hizo un racconto de lo sucedido: el 25 de agosto por la tarde, la Fiduciaria del Norte compartió el llamado a concurso de precios y puso a disposición el pliego mediante un enlace a OneDrive. La apertura de sobres había sido fijada para el lunes 31 de agosto a las 13.
Al día siguiente, 26 de agosto, la firma pagó el pliego de poco más de un millón de pesos y presentó un primer pedido de prórroga. Argumentó que contaba con apenas cuatro días hábiles entre la puesta a disposición de la documentación y el cierre para preparar una propuesta técnica y económica para un servicio de alta complejidad.
La respuesta fue negativa ese mismo día, a las 12.54. Según consta en la impugnación, la Fiduciaria del Norte justificó su decisión en que su reglamento interno establece que entre la publicación del llamado y la apertura de sobres deben transcurrir dos días hábiles.
Karstec volvió a insistir el 27 de agosto. Ese día, sus representantes concurrieron a las oficinas de la Fiduciaria para retirar el pliego y realizar consultas técnicas, pero se encontraron con las instalaciones cerradas por el asueto administrativo dispuesto por la festividad de San Fernando Rey, patrono de Resistencia.
La empresa presentó entonces un segundo pedido de prórroga, incorporando a sus argumentos la imposibilidad material de retirar el pliego y realizar consultas durante esa jornada. La respuesta llegó recién el viernes 28 de agosto a las 20.42. La firma señaló que esa comunicación se produjo fuera del horario comercial y administrativo del último día hábil disponible antes de la apertura de las ofertas.
“Apenas tres días hábiles reales”
En su impugnación, la empresa sostuvo que el plazo efectivo con el que contó para preparar su propuesta fue de apenas tres días hábiles reales y cuestionó que la Fiduciaria se limitara a invocar el plazo mínimo establecido en su reglamento. Para Karstec, ese plazo constituye un “piso reglamentario” y no un límite que impida otorgar una prórroga cuando las características del concurso lo justifican.
La firma puso como ejemplo la propia dimensión de la contratación: diez ejes de trabajo, un contrato de 48 meses, más de diez especialistas requeridos, un cronograma detallado y una propuesta económica integral con desglose por perfil.
También sostuvo que la falta de tiempo le impidió realizar consultas ante la propia ATP para conocer sus necesidades, recursos y expectativas y, de esa manera, elaborar una propuesta ajustada a la realidad del organismo.
Otro de los argumentos centrales de la impugnación fue el principio de concurrencia. Karstec consideró que una ampliación del plazo podría haber permitido la participación de más empresas y, consecuentemente, una mayor competencia entre las ofertas económicas. “La mayor competencia se habría traducido en presupuestos más ajustados”, sostuvo la firma en su presentación, realizada por su apoderado, Alejandro Rafael Retegui.
Con todo, la empresa correntina solicitó una prórroga de diez días hábiles para la presentación y apertura de ofertas y, subsidiariamente, pidió que se dejara constancia de su impugnación al procedimiento en su totalidad.
También dejó expresa reserva de recurrir a la instancia judicial y planteó una eventual responsabilidad del Directorio de la Fiduciaria del Norte, que preside Gerardo Santos Oliveira, invocando el deber de prudencia y diligencia que el Código Civil y Comercial establece para los fiduciarios.
“En su carácter de fiduciario, Fiduciaria del Norte debe satisfacer la finalidad de este concurso público, esto es, obtener la mejor oferta técnica y económica para cumplir los objetivos de mejora de la administración tributaria provincial”, señaló Retegui. Y añadió: “En este caso, se apartó abiertamente de ese estándar de actuación profesional y de la finalidad de su cometido, al dificultar la presentación de una oferta eficaz y ajustada a las necesidades de la ATP”.
Finalmente, al acto de apertura de sobres se presentaron tres oferentes: Pogua Sistemas SA, ATTI SA y ATS Sistemas y Gestión. Pogua cotizó $32.976 millones, mientras que ATTI presentó una oferta de $31.340 millones y ATS Sistemas y Gestión ofertó $31.521 millones por la totalidad del contrato. La evaluación comparativa definitiva quedó sujeta al proceso de preadjudicación.
La génesis y las dudas
Para conocer el nacimiento de este proceso hay que remontarse hasta inicios de 2025. Según informó la administradora general de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff, el organismo de recaudación atravesó “incidentes de seguridad informática” y, paralelamente, distintas áreas —incluidas direcciones generales, direcciones y jefaturas— formularon reiterados requerimientos y reclamos por la “insuficiencia y obsolescencia de la infraestructura digital disponible”.
A partir de ese escenario, según la explicación que la administradora brindó en el marco de un expediente radicado en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la ATP requirió la intervención de ECOM Chaco SA, en su carácter de empresa tecnológica de la provincia, para colaborar en la identificación, articulación y eventual implementación de “soluciones integrales”.
Según Kuncheff, en diciembre de 2025 se suscribieron contratos con ECOM, Pogua Sistemas SA y ATS Sistemas y Gestión SA, para realizar un diagnóstico especializado y, a partir de ahí, tomar una decisión respecto de cómo solucionarlos. Ese diagnóstico le costó a la provincia $1.800 millones, abonados en tres pagos, de acuerdo con la denuncia penal presentada por los diputados justicialistas Nicolás Slimel, Santiago Pérez Pons y Sebastián Benítez Molas. Fue en base a ese “relevamiento integral”, justamente, que Fiduciaria del Norte llamó al ahora muy cuestionado concurso de precios para la “modernización” de ATP, que le insumirá a la provincia alrededor de $31 mil millones más.
La denuncia de los legisladores justicialistas, vale mencionar, apuntó a Kuncheff; al ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, y a todos los funcionarios o particulares que hubieran intervenido en la decisión, instrumentación, autorización, ejecución y pago de la contratación. El núcleo de la presentación gira en torno a si se eludieron los pasos administrativos exigidos —licitación o concurso público— para contrataciones de tamaña envergadura, utilizando como atajo a ECOM, empresa de tecnología y comunicación de capitales mixtos, que utiliza estándares más laxos para las contrataciones.
“La eventual interposición de una sociedad estatal entre ATP y el proveedor no es delictiva en sí misma, pero podría adquirir relevancia penal si se demuestra que fue utilizada deliberadamente para sustraer una contratación pública del procedimiento de controles, publicidad, competencia o límites que legalmente correspondían”, señalaron los diputados en su denuncia.
A esto se suma otro dato: la participación de empresas vinculadas al presidente de River, Stefano Di Carlo, tanto en la confección del diagnóstico como en el concurso de precios. Sus empresas, al contrario de lo que le ocurrió a Karstec, no tuvieron problemas en preparar a la velocidad de la luz las ofertas requeridas por Fiduciaria del Norte.
En el caso de ATS Sistemas y Gestión, Di Carlo se desempeñó como director suplente hasta la asamblea del 21 de junio de 2024. Desde entonces, la empresa quedó presidida por Sergio Kalos, con Andrés Ballotta como vicepresidente y María Fernanda Ballotta como directora suplente. La integración societaria vincula a ATS con la actual conducción de River. Andrés Ballotta, vicepresidente de la empresa, es actualmente vicepresidente primero del club.
La relación con ATTI SA es más directa. De acuerdo con su web oficial, Grupo IDIX, conglomerado de empresas que tiene a Di Carlo como presidente, tiene entre sus unidades de negocios a ATTI SA. Di Carlo se mantuvo al frente de ATTI SA hasta febrero de 2024, cuando renunció a la presidencia y fue reemplazado por Hilario Ignacio Iñiguez, según consta en los registros societarios publicados en el Boletín Oficial.
El Grupo IDIX factura más de $25.000 millones anuales, emplea a alrededor de 250 personas y tiene operaciones en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Perú, México y Ecuador. El conglomerado está integrado, además, por Ronda 360, Think Solutions y Fan Factory. Entre sus desarrollos más difundidos figuran el sistema de ticketing del Movistar Arena y proyectos de “inteligencia fiscal” para gobiernos subnacionales, con uso de imágenes satelitales y analítica de datos aplicada a la recaudación tributaria.
Sobre Pogua Sistemas, vale mencionar lo siguiente: si bien la empresa de tecnología e informática radicada en la provincia de Buenos Aires es otro de los nombres que se repite tanto en el diagnóstico como en los oferentes de la consultoría para la ATP, el monto que ofertó lo dejaría afuera de la competencia debido a que las sociedades vinculadas a Di Carlo fueron más “generosas”, con presupuestos entre $1.400 y $1.600 más baratos.
“Ventaja informativa”
En su denuncia penal, los diputados justicialistas hicieron especial hincapié en este presunto doble rol de las empresas mencionadas y advirtieron sobre la necesidad de que, en un procedimiento de estas características, exista una clara separación entre quienes identifican las falencias que deben ser solucionadas y quienes posteriormente ofrecen las soluciones para resolverlas.
En ese sentido, señalaron que, de comprobarse que las firmas mencionadas participaron en la elaboración del diagnóstico previo y luego concurrieron al procedimiento convocado para ejecutar las soluciones derivadas de ese mismo diagnóstico, “corresponderá investigar especialmente si existió una situación de ventaja informativa, conflicto de intereses o direccionamiento material de la contratación, y si la primera contratación pudo haber operado como una etapa preparatoria destinada no sólo a diagnosticar ATP sino a definir anticipadamente las condiciones técnicas de un negocio posterior de considerable mayor magnitud económica”.
REVISTA LITIGIO
