El caso ocurrió en abril de 2020 en el Apart Los Incas. Hay seis imputados: desde los dueños hasta la directora médica, incluyendo a una exfuncionaria porteña. Piden hasta ocho años de cárcel.
Este lunes se conoce el veredicto por la muerte de 10 residentes en el geriátrico Apart Los Incas del barrio porteño de Belgrano, tras un brote masivo de coronavirus en abril de 2020.
La tragedia se produjo a mediados de abril del 2020, cuando la pandemia de covid-19 recién comenzaba a propagarse en el pais y Sergio Federovisky denunció una situación de abandono total del geriátrico ubicado en Avenida de los Incas y Zapiola.
El hombre denunció que durante un fin de semana no hubo médicos, ni directivos, ni personal calificado. Solo un electricista, un empleado de mantenimiento y un enfermero quedaron a cargo de más de una docena de residentes.
La escena terminó en tragedia. Los residentes se fueron contagiando masivamente, las denuncias se fueron apilando y el 21 de abril de 2020 fue la evacuación del geriátrico.
Pero las medidas llegaron tarde: 10 de las 19 personas que vivían en el geriátrico murieron a causa del brote de covid-19.
Cinco años más tarde, el 19 de mayo pasado, comenzó el juicio en el juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo.
El caso tiene seis imputados, de los cuales cuatro son los dueños, que fueron considerados responsables de la administración del lugar. Se trata de dos matrimonios:Hugo Visca y Daniela Alejandra Gonzalo, y Luis Daniel Megyes y Alicia Haydee Allegue.
Las otros dos imputadas son la directora médica del geriátrico Carla Raffo y la ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Paula Trunzo.
Las parejas propietarias y la directora médica están imputados por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias.
Trunzo, que debía fiscalizar geriátricos como funcionaria del Gobierno de la Ciudad, está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
A lo largo del debate, se presentó documentación que daba cuenta de irregularidades que precedían a la pandemia: historias clínicas sin actualizar, residentes sin control médico y empleados presionados a trabajar aún con síntomas compatibles con Covid.
Durante los alegatos, la fiscalía y las querellas pidieron diferentes penas para los imputados. Para Megyes pidieron entre tres y ocho años de prisión; para Visca y Raffo entre tres y seis años de cárcel; y para Gonzalo y Allegue solicitaron tres años de cárcel. En todos los casos se solicitaron las inhabilitaciones.
Para la exfuncionaria porteña Paula Trunzo pidieron su absolución, pese a que era la persona que estaba a cargo de fiscalizar estas instituciones.
“La fiscalía pidió el desistimiento de la acusación para Trunzo, nosotros adherimos, como también lo hicieron otras querellas, porque la legislación que existía en ese momento no la habilitaba a tomar acción más allá de la que hizo”, dijo el abogado Ignacio Trimarco, representante de varios familiares de las víctimas.
“Creo que es un caso bisagra. A partir de este hecho se modificaron las leyes y protocolos de inspecciones en los geriátricos, que antes eran muy laxas, y se endurecieron los controles y las penas para quienes no cumplan”, opinó Trimarco.
Por otra parte, las defensas de todos los acusados pidieron la absolución de sus clientes al alegar una situación de fuerza mayor por tratarse de una pandemia global.
