(*) Columnista invitado. La “industria del juicio” no solo degradó el funcionamiento del mercado, sobre todo minó la confianza de quienes, con buena fe, pagan su seguro cada mes.
Durante años, un entramado mafioso se infiltró en el sistema asegurador argentino. Bajo la fachada de estudios jurídicos o de profesionales de distintas disciplinas, se montaron verdaderas organizaciones delictivas dedicadas a fraguar siniestros y estafar a aseguradoras y asegurados por igual.
Este fenómeno, conocido como “industria del juicio”, no solo degradó el funcionamiento del mercado: minó la confianza de millones de personas que, con buena fe, pagan su seguro cada mes.
El reciente escándalo en torno a las aseguradoras y los estudios jurídicos implicados en maniobras fraudulentas no es un caso aislado. Es apenas la punta del iceberg de una estructura ilícita que operó durante demasiado tiempo -por omisión o inacción -con la complicidad de médicos, mediadores y abogados.
Las compañías de seguro no vamos a mirar para otro lado. Estamos analizando cada una de las causas en trámite y nosotros ya hemos resuelto presentarnos como querellantes donde correspondiera.
Esto no es solo una defensa corporativa: es una decisión ética para resguardar la credibilidad del sistema, proteger al asegurado genuino y aportar transparencia a un mercado indispensable para el funcionamiento social y económico del país.
Las consecuencias de este esquema fraudulento son múltiples y profundas. Encarecen las primas, afectan la solvencia del sistema, entorpecen los procesos de indemnización legítimos y perjudican a todos los contratantes de seguros. Según estimaciones privadas del sector, el fraude puede representar hasta un 10% de los costos del sistema, encareciendo los productos y afectando la competitividad del sector.
Hace años que, desde nuestro lugar, impulsamos iniciativas concretas contra el fraude. Entre ellas, la presentación de un proyecto de ley para reformar el Código Penal y tipificar con mayor claridad este tipo de estafas. No es un reclamo aislado: países como España y Brasil ya avanzaron en esa dirección, estableciendo figuras penales específicas para el fraude al seguro, con penas diferenciadas y herramientas procesales adecuadas.
Por eso, reconforta ver que, después de tanta desidia, hoy empieza a cambiar. Gracias a las recientes investigaciones, la intervención clara de la Superintendencia de seguros, la participación activa de la justicia y detenciones muestran que, cuando hay voluntad, el sistema puede actuar con eficacia. Pero sabemos que esto no alcanza. Se necesita firmeza, decisión política y un compromiso real con la legalidad, más allá de las ideologías o los vaivenes partidarios.
Es tiempo de dejar atrás la cultura del “vivo”. De reconstruir un mercado más justo, donde las aseguradoras cumplan su rol social con responsabilidad y donde los “caranchos”, sean del rubro que sean, enfrenten el único destino que les corresponde: el de la Justicia penal.
(*) Gabriel Bussola forma parte de la Asociación de Aseguradores Argentinos y es presidente de Libra Seguros.
