Los alimentos típicos de esta celebración presentaron considerables incrementos en los costos, reflejando los efectos de la inflación que afecta al país y que amenaza el poder adquisitivo de sus ciudadanos
Este año les espera una Pascua muy salada a los brasileños, y esta vez no se trata de condimentos. El bacalao, plato tradicional portugués, infaltable en la mesa del gigante latinoamericano, subió un 6,45% en promedio en los últimos meses, según datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA). El chocolate se ha vuelto más amargo. A pesar de que Brasil es productor de cacao, los bombones y las tabletas de chocolate aumentaron un 21,77% respecto a hace un año. Y los ingredientes de los huevos de Pascua desde 2022 también han sufrido aumentos exponenciales, como la manteca de cacao, que ha subido un 125%, la leche en polvo, un 29%, y el azúcar, un 16%. Los huevos de gallina utilizados en el desayuno de Pascua también crecieron un 19,52%, mientras que las aceitunas y el aceite para el almuerzo de Pascua aumentaron un 14,1% y un 10,01% respectivamente.
En los dos primeros meses de 2025, el IPCA alcanzó el 1,47%, casi la mitad del objetivo anual. El precio de la cesta básica de alimentos aumentó un 14,22% en 2024, con un nuevo aumento en 2025, alcanzando los 851,82 reales (146,7 dólares) en San Pablo, lo que equivale al 60% del salario mínimo. A pesar del bajo desempleo y del crecimiento del PIB del 3,4% en 2024, la inflación erosiona el poder adquisitivo de los brasileños y afecta negativamente la percepción económica de la población.
Aun así, el gobierno está haciendo todo lo posible para estimular el consumo. Sin embargo, debido a la inflación, a medida que aumenta el consumo, también lo hace la deuda de los ciudadanos. Durante una visita al complejo industrial de Nissan en Resende, en el estado de Río de Janeiro, el pasado miércoles, Lula afirmó que “los trabajadores deben ser vistos como consumidores” y que los salarios mínimos de “1.000 o 1.500 reales no son excesivos”, haciendo hincapié en la necesidad de aumentar la renta de los segmentos más pobres de la población. “Brasil no puede depender indefinidamente del programa Bolsa Família”, añadió. Mientras tanto, los brasileños siguen endeudados. Por eso, Lula lanzó hace quince días el programa “Crédito del Trabajador”, una nueva línea de crédito para trabajadores del sector privado con contrato, incluidos los microempresarios individuales, los llamados MEI.
“La gente ahora puede obtener crédito barato para salir de deudas. Pueden salir de las manos de los usureros, de los bancos que piden hasta el 10%, el 12%, y buscar el crédito más barato que puedan encontrar”, dijo Lula tras firmar la medida provisional que establece el programa. De hecho, para obtener un préstamo con intereses más bajos que los desorbitados habituales (las tarjetas de crédito tienen un interés del 450% anual y los préstamos oscilan entre el 2,86% y el 8,23% mensual), el trabajador puede acceder a un crédito que se devuelve en cuotas mensuales descontadas directamente de su nómina, hasta el 35% de su salario. Como garantía adicional, también se ofrece hasta el 10% del propio saldo del FGTS. El saldo del FGTS o Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio es una suma de dinero acumulada a lo largo del tiempo en una cuenta a nombre del trabajador, depositada cada mes por el empleador. Corresponde al 8% del salario del empleado y no se descuenta de su sueldo porque es una obligación del patrón.
El periodista Mario Sabino escribe en el sitio de noticias Metrópoles que “dado que más del 70% de los brasileños están endeudados, muchos pensarán que es un buen negocio este loro vendido por el Gobierno como si fuera una preciada arara azul: pagar a un acreedor que exige un interés del 100% anual con dinero tomado de otro acreedor que ofrece un tipo de interés barato del 40% anual, más o menos. Es un logro social: el loro de Lula ahorca a los pobres con una soga menos tensa”, escribe Sabino. Entre los puntos críticos del programa está el hecho de que el crédito puede prolongarse hasta 96 meses, lo que lo encarece aún más, sobre todo teniendo en cuenta que la media de permanencia de un trabajador brasileño en una empresa es de sólo 24 meses. Los endeudados no sólo queman su saldo del FGTS, sino que corren el riesgo de arrastrar la deuda a su nuevo empleo.
Sin embargo, lo que arruinó la Semana Santa a los brasileños no fue sólo la nueva subida de los precios. Preocupan, sobre todo, las noticias económicas de los últimos días. De hecho, el Gobierno brasileño presentó el proyecto de ley sobre las directrices presupuestarias para 2026 (PLDO). Tanto el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, como la ministra de Planificación, Simone Tebet, estuvieron ausentes de la rueda de prensa. Enviado al Congreso el martes, el PLDO prevé un superávit primario de 38.200 millones de reales (6.579 millones de dólares), por encima del objetivo de 34.300 millones de reales (5.907 millones de dólares) para el año en curso.
Sin embargo, este objetivo de excedente requiere ingresos adicionales de 118.000 millones de reales (20.321,4 millones de dólares) con medidas de recaudación fiscal que aún deben presentarse, además de restar 55.000 millones de reales (9.471,8 millones de dólares) de los llamados “precatorios”, es decir las solicitudes de pago de una determinada cantidad realizada a una entidad pública (Unión, estado, municipio, sus organismos o fundaciones), en virtud de una decisión judicial definitiva y condenatoria, que permite al vencedor recibir el crédito. Las deudas judiciales de las entidades públicas se convierten en precatorios, y pueden consistir en revisiones salariales, concesiones de pensiones y devoluciones de impuestos. Esta decisión llevó al Ejecutivo a admitir la posibilidad de un colapso de las finanzas públicas ya en 2027, el primer año del próximo mandato presidencial, si no se toman medidas correctoras. “A partir de 2027, surge un compromiso que necesita ser atendido y, por el momento, con las proyecciones presentadas, no ha sido atendido”, dijo a la prensa el secretario federal de Presupuesto, Clayton Luiz Montes, al presentar el PLDO. Para el economista jefe de Warren Rena, Felipe Salto, las cifras son irreales y no se ajustan a la dinámica de gastos e ingresos. “Lo que entiendo es que cambiarán la meta fiscal para 2026 y sólo volverán a discutir estructuralmente la cuestión fiscal, potencialmente, en el próximo mandato presidencial”, dijo a CNN Brasil.
Se espera que el gasto obligatorio alcance los 2,39 billones de reales (411.594 millones de dólares) en 2026 y aumente gradualmente hasta los 2,84 billones de reales (497.701 millones de dólares) en 2029, según las cifras divulgadas al presentar el PLDO. En consecuencia, los gastos discrecionales, fundamentales para el funcionamiento de la máquina pública, disminuirán drásticamente, pasando de 208.300 millones de reales (35.872 millones de dólares) en 2026 a sólo 8.900 millones de reales (1.532 millones de dólares) en 2029. Las previsiones indican que en 2027 el gasto obligatorio absorberá el 95,4% del presupuesto, dejando menos del 5% para el gasto discrecional, de ahí el posible colapso.
Brasil corre así el riesgo de ver amenazados sectores estratégicos, también protegidos por la Constitución, como la sanidad y la educación. Incluso el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, ha intervenido en el debate proponiendo excluir el gasto en seguridad pública de los límites impuestos por el nuevo marco fiscal brasileño. Un editorial del diario brasileño O Estado de São Paulo critica “la propuesta irrazonable del juez Ricardo Lewandowski, una más en el contexto de los repetidos agujeros del marco fiscal que nació muerto” y añade que “está totalmente en línea con el deseo de Lula da Silva de gastar como si no hubiera mañana, en nombre de su posible reelección en 2026. El problema es que habrá mañana, pero nadie en el Gobierno federal parece perder el sueño por esto”.
Un informe publicado también esta semana por la Institución Fiscal Independiente (IFI) del Senado expresó su preocupación por la eficacia del nuevo marco fiscal de Brasil para contener el crecimiento de la deuda pública. Las estimaciones indican que la deuda podría alcanzar el 79,8% del PIB a finales de 2025 y llegar al 84% en 2026, debido a la recurrente subestimación del gasto público y a la constante necesidad de aumentar los ingresos fiscales reales. El IFI advierte que estos desarrollos podrían aumentar la percepción de fragilidad de las reglas fiscales. Esto afectaría negativamente la evaluación del riesgo país y causaría impactos adicionales en la tasa Selic, que subió a 14,25% anual en marzo, y en el tipo de cambio.
En este escenario, el Gobierno brasileño se enfrenta a dificultades crecientes para colocar títulos de deuda pública, teniendo que ofrecer rendimientos elevados para atraer a los inversores. Las condiciones actuales recuerdan a las de 2015, durante la crisis de confianza que precedió al impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. En enero de 2025, el Tesoro Nacional vendió bonos a cinco años con un tipo medio del 7,72% anual, cerca del máximo del 7,75% registrado en 2015. Los bonos a largo plazo, como los que vencen en 2031, registraron rendimientos superiores al 15% anual. La demanda también ha bajado. La tasa de éxito de las subastas de bonos cayó del 83% al 40% entre principios y finales de 2024, lo que indica una creciente reticencia de los inversores a financiar la deuda pública brasileña.
Por último, es importante recordar que en el primer trimestre de 2025, Brasil registró la mayor salida de dólares de su historia, con un saldo negativo de flujos de 15.800 millones de dólares. Esta cifra supera la del primer trimestre de 2020, durante la pandemia del COVID-19, cuando la fuga de capitales fue de 11.400 millones de dólares. El mes de marzo de 2025 contribuyó significativamente a este resultado, con una salida neta de 8.300 millones de dólares. Las principales causas de esta fuga de capitales son la incertidumbre fiscal interna, la desconfianza de los inversores en las medidas para contener el gasto público y factores internacionales que incluyen las expectativas sobre la economía estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump y la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed).
