Los femicidios de estas mujeres revelan la situación de violencia machista a la que las mujeres están sometidas y que, lejos de prevenirse, se agravan ante la falta de dispositivos estatales que brinden contención, seguridad y trabajen en la prevención de la violencia por razones de género en la provincia.
TRES DÍAS, DOS FEMICIDIOS
A Leonela González de 25 años la encontraron unos vecinos el sábado 28 de junio a las 9:30. En el lugar la Policía halló manchas de sangre y vainas servidas. Horas después detuvieron a un vendedor de autos de 42 años y a un comerciante de 31, quienes fueron interceptados en un Audi A4 en el barrio Belgrano de Sáenz Peña. Dentro del vehículo se encontraron cabellos, un aro, un par de zapatillas, un ticket de compra, restos de cocaína y muestras biológicas sobre una alfombra de goma, elementos que eran propiedad de Leonela.
La falta de una política clara de prevención de la violencia de género y de tratarlo como una problemática que atraviesa interseccionalmente a todos, provocó situaciones como la viralización de las fotos del cuerpo masacrado de Leonela. Actitud que no fue condenada por el Estado provincial que solo se limitó a comunicar a través de redes sociales que se constituirían como querellantes, como si eso resolviera el hecho de que en siete meses, hubo siete femicidios en el Chaco.
Mientras tanto, este miércoles trascendió el crimen de Norma Robledo de 58 años en una vivienda en el Paraje Itín, en cercanías a Hermoso Campo. Los vecinos notaron que durante días no vieron a Norma, por lo que llamaron a la Policía. Al ingresar a la casa encontraron a una anciana de 80 años muy descuidada. Cuando se acercaron al aljibe hallaron el cuerpo de Norma; revisando otras partes de la casa hallaron también al cadáver de Telmo Gómez de 68 años, esposo de la víctima. La hipótesis es que la arrojó al Aljibe y luego se suicidó.
CRECE LA TASA
En marzo, cuando las organizaciones feministas analizaron los femicidios ocurridos en el 2025, la organización Mumalá alertó que el Chaco era una de las provincias con mayor tasa de femicidios por habitantes.
Mónica Mendoza y Mirian Gimenez -madre de Mendoza- fueron asesinadas por Marcelo Caro en Taco Pozo el 1 de febrero. Caro fue hallado mientras se desangraba producto del disparo que se propinó en el cuello. Fue trasladado consciente al hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.
20 días después, el 21 de febrero, fue asesinada Pamela Romero de 16 años, por su pareja de 47 años en una vivienda del Barrio Don Santiago II en Resistencia.
Ese mismo día, en Sáenz Peña, también mataron a Carolina Ríos, de 43 años, tras asesinarla, su ex pareja se suicidó. Dos niños quedaron sin su mamá.
Un mes después, el 21 de marzo, Sol Selena Gómez Montiel, de 13 años, fue asesinada por un vecino de 18 años en un barrio de Fontana.
Con los femicidios de Leonela y Norma, suman siete las mujeres asesinadas en 2025. Una cifra que mantiene en alerta a las organizaciones feministas que no encuentran espacio dónde debatir o a quién reclamar políticas públicas direccionadas.
SIN APOYO ESTATAL
Desde que asumió el gobierno Leandro Zdero, el área de violencia de género pasó de ser una secretaría con rango de ministerio, a una subsecretaría dentro de un ministerio. Esa medida provocó reducción del presupuesto para programas de acompañamiento a víctimas y de prevención debido a que también el Gobierno nacional de Javier Milei eliminó todo rastro de políticas destinadas a combatir la violencia y los femicidios.
A su vez, la Línea 137 y la Guardia de Género que contaba con un gran equipo interdisciplinario de personas preparadas para asistir a víctimas, se desfinanció. Muchas de esas personas fueron despedidas. Hoy los dispositivos de emergencias, funcionan con menos de 10 personas y sólo en Resistencia.
Cómo respuesta a esta problemática, en marzo pasado el Gobierno provincial presentó Alerta Mujer, una plataforma de emergencias y abordaje integral que “tiene como objetivo principal mejorar la coordinación y la respuesta conjunta ante situaciones de emergencia, delitos o amenazas a la seguridad de las mujeres”. Sin embargo, se desconoce si el funcionamiento de esta nueva plataforma ha permitido llegar a tiempo a las víctimas, ya que no hay información oficial al respecto.
En las localidades del interior provincial, las mujeres víctimas de violencia de género solo cuentan con las comisarías -dependiente de la Policía del Chaco- con efectivos policiales sin formación alguna en género para tomar las denuncias y contenerlas.
A pesar de las leyes nacionales y provinciales que regulan la urgencia con la que debe tratarse una denuncia por violencia de género, las denuncias tardan semanas en llegar a una instancia judicial que permita medidas de protección de las mujeres. Cuando la Justicia llega, ya es tarde.
