Cuando restaban pocas semanas para el inicio del debate oral previsto para el 23 de junio, el Tribunal resolvió reprogramar las audiencias para septiembre de 2026. La decisión implica una nueva demora en una causa por graves hechos de violencia institucional ocurridos hace más de seis años y motivó la presentación del Comité para solicitar que el juicio se realice en el menor plazo posible y sin nuevas postergaciones.
La causa investiga el accionar de efectivos policiales acusados de irrumpir sin orden judicial en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana y someter a integrantes de una familia de la comunidad Qom a hechos de violencia física, vejámenes y detenciones ilegales. Entre las víctimas se encontraba una adolescente.
En su presentación, el Comité advirtió que han transcurrido más de seis años desde los hechos sin que se haya realizado el debate oral y público. Asimismo, recordó que esta no es la primera suspensión del juicio. En octubre de 2025 las audiencias ya habían sido reprogramadas debido a la superposición con otro proceso judicial, por lo que la nueva postergación profundiza una demora que afecta el derecho de las víctimas a obtener una respuesta judicial oportuna.
El organismo destacó además que las víctimas pertenecen al pueblo Qom, una comunidad históricamente afectada por situaciones de discriminación y exclusión, y que los hechos investigados constituyen un caso de presunta violencia institucional. Por ello, sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar una investigación y un juzgamiento rápidos y efectivos.
En este contexto, el Comité solicitó que se arbitren todas las medidas necesarias para evitar nuevas dilaciones y asegurar la realización del juicio en el menor plazo posible, entendiendo que el transcurso del tiempo no solo compromete el acceso a la justicia, sino que también profundiza el impacto que estos hechos generan sobre las víctimas y sus familias.
La presentación se fundamenta en la legislación provincial y nacional de protección de los derechos de las víctimas, así como en tratados internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable, especialmente en casos vinculados a violencia institucional y presuntas violaciones graves de derechos humanos.
