El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresó su profunda preocupación ante el inminente tratamiento del proyecto de ley sobre Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad mínima de punibilidad a los 14 años. Desde el organismo advirtieron que la iniciativa resulta regresiva, inconstitucional y contraria a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.
En un comunicado difundido en las últimas horas, el Consejo reiteró su rechazo categórico a este tipo de propuestas, señalando que no sólo violan principios constitucionales, sino que también desconocen las obligaciones asumidas por la Argentina al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de jerarquía constitucional.
Según explicaron, la reforma se basa en una lógica meramente punitiva, sin contemplar el contexto de vulnerabilidad estructural en el que viven miles de adolescentes en el país. En ese sentido, criticaron que el proyecto no respeta el principio de especialidad, que establece que la privación de libertad en personas menores de edad debe aplicarse como último recurso y por el menor tiempo posible.
Asimismo, señalaron que se trata de una iniciativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos, ya que implica un claro retroceso normativo en la protección de niñas, niños y adolescentes. Esto, afirmaron, podría habilitar cuestionamientos por inconstitucionalidad e incluso comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.
El Consejo también advirtió que la propuesta criminaliza la infancia al permitir intervenciones penales a edades más tempranas, sin que el Estado haya cumplido previamente con su obligación de garantizar condiciones de vida dignas, igualdad de oportunidades y un sistema de protección integral como establece la Ley 26.061. “Resulta inadmisible que sea el propio Estado, ausente en su deber de proteger, el que luego reproche penalmente a adolescentes cuya conflictividad surge de vulneraciones sistemáticas de derechos”, expresaron.
Entre otras objeciones, señalaron que el proyecto contempla el alojamiento de adolescentes en establecimientos penitenciarios comunes, contrariando estándares internacionales que exigen espacios separados del sistema penal adulto y con fines pedagógicos. También criticaron la equiparación de sanciones con el régimen penal adulto, como el cómputo de antecedentes y la aplicación de múltiples castigos, lo cual afecta principios como la legalidad, la igualdad ante la ley y la no discriminación.
Otra preocupación destacada es que se limita la garantía de defensa en juicio, al no asegurar una intervención adecuada del defensor y del asesor legal durante todo el proceso, ni mecanismos eficaces para garantizar que el adolescente sea escuchado, tal como lo exige el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. A esto se suma la reintroducción de conceptos superados, como la “peligrosidad”, que contradicen la Ley Nacional de Salud Mental y los principios internacionales de no discriminación.
El Consejo también alertó sobre la falta de propuestas preventivas en el proyecto, que no contempla programas ni dispositivos sociales que aborden las causas estructurales de los delitos. En cambio, reproduce un enfoque tutelarista e inequitativo que desconoce los avances logrados desde la sanción de la ley de protección integral de derechos de la infancia.
En conclusión, el organismo subrayó que reducir la edad de punibilidad no es una solución efectiva ni legítima ante los conflictos que atraviesan los adolescentes. Por el contrario, sostienen que profundiza su vulnerabilidad, exclusión y estigmatización social.
Como alternativa, proponen la consolidación y plena implementación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con políticas públicas sostenidas que garanticen el acceso a educación, salud, vivienda, recreación, acompañamiento familiar y participación comunitaria.
Por todo ello, el Consejo Federal solicitó a las autoridades legislativas y al Poder Ejecutivo Nacional que no avancen con este proyecto y que, en cambio, promuevan un debate serio, participativo y respetuoso de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
